ESCUCHARLa CGT, las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y partidos de izquierda marcharán hacia Tribunales en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales, y realizarán una presentaciones judiciales contra esa medida.
En tanto, desde el Gobierno advirtieron que serán utilizadas «todas las medidas de disuasión» disponibles, en el marco de la aplicación del protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad.
La concentración fue convocada por la CGT a las 11 frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano, en el centro porteño, con el objetivo de acompañar la presentación de una serie de medidas cautelares que frenen los alcances del DNU firmado por el presidente Javier Milei.
La CGT expresó en los últimos días su rechazo al DNU, convocó a esta manifestación y llamó para mañana a una reunión del Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas de duración.
Junto a la CGT también se movilizarán la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-T), la Autónoma (CTA-A) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que al reclamo de inconstitucionalidad del DNU firmado por Milei le sumó el repudio a la disposición oficial de despedir a 7.000 trabajadores de la Administración Pública Nacional, oficializada ayer por medio de otro decreto publicado en el Boletín Oficial.
«Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido», señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
En tanto, también anunciaron que macharán a Tribunales la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Polo Obrero y la Unidad Piquetera.
Entre las «medidas de disuasión» que el Gobierno dispondría ante la protesta sindical, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, le recordó ayer a la ciudadanía que continúa abierta la línea telefónica 134 para que se comuniquen allí quienes «se sientan extorsionados para ir a movilizarse», mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo un llamado «a la reflexión a quienes tienen planes sociales», al afirmar que «el que corta una calle, no cobra».
Tanto Adorni como Bullrich, ambos en sendas ruedas de prensa brindadas ayer, dijeron que se encuentra vigente el protocolo de orden público que el Gobierno que puso en marcha el miércoles pasado, cuando la agrupación Unidad Piquetera marchó a la Plaza de Mayo para expresar distintos reclamos a Milei y recordar a las más de 30 personas muertas en las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001.
El protocolo antipiquetes prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad sin que necesariamente medie una orden judicial cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas.
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