La Cámara Federal de Córdoba fijó criterios para aplicar la Ley Brisa

El tribunal cuestionó la reglamentación que estipuló que la reparación económica se calcule desde la sanción de la norma. Hasta septiembre, 756 hijos víctimas de femicidios accedieron al beneficio

Hasta septiembre del año pasado, 756 niños, niñas y adolescentes cuyas madres o personas que estaban a cargo de sus cuidados fueron víctimas de femicidios accedieron a una reparación económica en el marco de la denominada Ley Brisa, según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). [privado]

Este dato representa un incremento de más de 120% con respecto a diciembre de 2019, cuando el registro era de 344 altas. No obstante, se estima que apenas 10,3% de las hijas e hijos de víctimas de femicidios accede a la ley. Esto se debe a causas diversas: mala interpretación de la norma, fallas en la justicia, sentencias confusas o misóginas o burocracia estatal. En algunos casos, los niños y niñas que no pueden acceder a cobrar ese derecho es por el simple hecho de que el expediente se caratuló como “homicidio” y no “femicidio”.

En Córdoba, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones dictó recientemente un fallo -al que accedió Comercio y Justicia- que fijó criterios para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, quienes reclaman una reparación según lo estipulado por la ley, que fue sancionada en 2018.

En el caso particular, se trata de dos hermanos de Villa María, quienes quedaron bajo custodia de la prima hermana de la víctima, que murió a manos de su pareja, en 2011. La representante legal de los niños recurrió a la Cámara Federal de Córdoba reclamando que los pequeños puedan acceder a una cobertura de salud y que se calcule nuevamente la reparación económica que les corresponde.

En una primera instancia, la Anses fijó la reparación en 14 haberes jubilatorios mínimos, tomando como fecha la publicación de la ley (26/7/2018) y no desde la muerte de la mujer, el 29/9/2011. El cálculo del organismo nacional fue motivo de planteo ante el juez federal de Villa María, quien dispuso hacer lugar parcialmente a la acción de amparo y condenó al Estado nacional a que abone a cada niño el equivalente a 82 haberes jubilatorios mínimos. Sobre la otra cuestión, resolvió no hacer lugar a la acción impetrada contra el PAMI.

No conforme con esta decisión, la tutora legal recurrió a la Cámara Federal y se quejó porque la sentencia estableció el pago en un monto fijo, sin haberse expedido con relación a los intereses y solicitó que éstos se adicionen a la suma regulada, hasta la fecha de efectivo pago por parte del Estado nacional.

Sobre este aspecto, la Sala B de la Cámara Federal entendió que correspondía ordenar a la Anses que se abonen 82 haberes jubilatorios mínimos computados desde la muerte de la víctima, según los valores del haber mínimo jubilatorio al momento del efectivo pago, devengando intereses, en caso de mora, correspondientes a la tasa activa del Banco de la Nación.

El fallo también cuestionó la reglamentación de la norma dictada por el Poder Ejecutivo que, según los camaristas, alteró el espíritu de la ley que estableció que la reparación económica comienza a regir desde la muerte de la víctima y no desde la sanción de la ley.

Respecto de la cobertura de salud, el fallo determinó que “debe darse intervención al Estado Nacional a través del Ministerio de Salud conjuntamente con la Sennaf para que arbitren y/o realicen las gestiones administrativas necesarias para que R.,S. y R. G. accedan a una cobertura médico-asistencial integral para garantizar los derechos previstos en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 27.452”.

Amparo

En otro tramo, el fallo rechazó el planteo de la Anses, que adujo que el amparo debía desestimarse por haberse iniciado vencido el plazo de 15 días hábiles que determina la ley N° 16986 en su art. 2, inc. e). Al respecto, la Cámara Federal recordó que “no se produce la caducidad de la acción de amparo si la conducta lesiva del organismo implicado se prolonga en el tiempo o tiene la aptitud de renovarse periódicamente”.

“La falta de pago del haber jubilatorio mensual previsto para cada amparista los afecta en forma continua y, por lo tanto, el acto lesivo no es único sino que se manifiesta periódicamente, por lo que el plazo de quince (15) días estipulado en la norma se renueva mensualmente, debiendo desestimarse dicho agravio”, concluyó el fallo.

El programa, sancionado en 2018 bajo la ley 27452, creó el derecho a la percepción de un monto mensual equivalente a un haber jubilatorio mínimo para aquellas/os niñas, niños y adolescentes hasta los 21 años y para personas con discapacidad sin límite de edad.

Respecto de la instrumentación de esta política, la Anses inicia el trámite y paga el derecho; también participan de este programa de acompañamiento el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).

Del total de niños, niñas y adolescentes que actualmente perciben la reparación económica, el mayor porcentaje -33 por ciento- se ubica en la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Mendoza -9 por ciento cada una- y Córdoba, con 8 por ciento. Para el resto de las provincias la cantidad de altas es menor. [/privado]