La abogada desconocía que su cliente vendió parte indivisa del terreno en litigio

La cámara interviniente revocó la multa impuesta a la letrada por el tribunal de primera instancia. La profesional argumentó que había continuado con las actuaciones sin estar informada de lo ocurrido hasta que en la causa se presentó quien había adquirido el inmueble

Al surgir sólo de presunciones las faltas achacadas a la letrada para fundar la multa del artículo 83 de Código Procesal Civil y Comercial (CPCC) y ante la falta de acreditación de que la letrada supiera que su cliente había cedido la porción indivisa del terreno objeto del litigio y no lo denunció a tiempo, siguiendo adelante con las actuaciones, la Cámara 5ª en lo Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a la apelación de la profesional y revocó la multa que se le impuso.

En primera instancia, a los efectos de fundar la sanción procesal, el juez sostuvo que N. G. de S. no denunció la transferencia de la porción indivisa que era de titularidad del actor, entendiendo que debería haber manifestado en los días subsiguientes la operación que había llevado cabo y, en su caso, manifestarse respecto a la continuidad de la acción en cabeza de la adquirente del inmueble C. E. L., mientras que, por el contrario, la letrada continuó formulando presentaciones en el expediente.

Accionar

Asimismo, el sentenciante de grado apuntó que el accionar señalado no se adecua a las normas legales y éticas que deben regir la actuación de las partes, reprobando especialmente la ocultación insincera de la transferencia de derechos y acciones sobre la parte indivisa del inmueble que nos ocupa y consideró que las posteriores presentaciones intentaban –presumiblemente- evitar que se efectuara estudio alguno sobre el terreno objeto del litigio.

En consecuencia, el juez de primera instancia aplicó a la abogada una multa de 15% sobre el máximo de los honorarios posibles para este tipo de actuaciones, lo cual debía cuantificarse cuando existiera base para ello en la ejecución de sentencia.

La profesional apeló, argumentando que la demora en la tramitación del proceso hizo que quien era su cliente descreyera de ella y que, frente a ello y fundamentalmente por la edad del actor y por no querer dejarle el campo a ninguno de sus familiares, debe haber tomado la decisión de venderlo, no informándole nunca de su intención y menos de la venta, concluyendo que había demostrado que no existían motivos ni causales para aplicar la sanción.

Análisis

La cámara integrada por los vocales Joaquín Ferrer y Claudia Salazar, al ingresar en el análisis de la cuestión planteada, advirtió que el embate recursivo se limitaba a cuestionar lo dispuesto por el sentenciante en relación a la multa procesal en los términos del artículo 83 del CPCC.

Confrontados los fundamentos de la resolución cuestionada con los agravios invocados por la parte recurrente, el tribunal de alzada indicó que el a quo le achaca a la letrada no haber manifestado en el proceso que el actor había transferido la porción indivisa de su titularidad, agregando que, el comportamiento posterior de la letrada se encontraba dirigido a evitar que se efectuara un estudio alguno sobre el terreno en disputa.

Al respecto, la cámara sostuvo que este comportamiento resultaba un razonamiento presuntivo formulado por el a quo, que se encuentra controvertido por la recurrente, remarcando que dicha presunción de ocultamiento no surge corroborada de las constancias de la causa.

En ese punto, los camaristas destacaron que todo razonamiento de índole presuncional parte de la certeza de un hecho base, pudiendo derivarse un hecho presuntivo.

Así las cosas, los vocales derivaron que de las constancias de autos se desprende como única certeza del hecho base que la letrada de la parte actora impetró peticiones tendientes a hacer valer los derechos de su parte, pero que de ello no se puede colegir -presuntivamente- que dichos actos tuvieran por objeto el ocultamiento de la referida transferencia de los derechos el actor sobre la parte indivisa del terreno en cuestión.

Presunción

En consecuencia, la cámara sostuvo que, habiendo controvertido dicha cuestión la apelante, la referida presunción no encuentra basamento alguno y debe desestimarse.

Por otra parte, la alzada valoró que no surgía elemento alguno que mostrara la intención o voluntad notoria y evidente de la referida letrada dirigida a perturbar el proceso.

Finalmente, el tribunal observó que tampoco “surge en forma prístina que la apelante tuviera conocimiento acerca de la transferencia en cuestión”.

Así, la cámara concluyó que teniendo en cuenta el carácter estricto y de interpretación restrictiva del instituto en cuestión -multa del artículo 83 del CPCC- y en función de que no se advierte que el comportamiento por el cual se impuso la sanción procesal de marras a la letrada revista la entidad suficiente que la justifique, como así tampoco las razones invocadas como fundamento.