Justicia porteña se declaró incompetente para tratar DNU

Por mayoría, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) confirmó el fallo de grado que declaró la incompetencia del tribunal para intervenir en una acción contra los DNU que imponen restricciones en horarios comerciales [privado]

La decisión se tomó en el marco de la causa generada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines (Appyce), que presentó un amparo en contra del gobierno porteño con el objetivo de que se suspendieran los efectos en el ámbito de la CABA del artículo 5, apartado 4, del DNU 241/21, y del artículo 14, inciso e, del DNU 235/21, por entender que “vulneran el sistema federal de gobierno y los derechos constitucionales a trabajar, ejercer una industria lícita y a la libre circulación”, ampliando luego la demanda con la impugnación del DNU 287/21.

Los jueces Horacio Corti y Hugo Zuleta explicaron que para habilitar la competencia de la justicia contenciosa local se requiere impugnar un acto u omisión de una autoridad pública porteña, pero que en el caso se cuestionaron reglas dictadas por el presidente de la Nación, de alcance federal, como consecuencia de la emergencia sanitaria.

“La eventual impugnación judicial de dichas reglas debe hacerse ante la justicia federal y no ante tribunales locales”, enfatizaron.

“No es admisible, simultáneamente, considerar una omisión ilegítima del Estado local no haber desconocido o eventualmente haber impugnado las decisiones federales en juego. Los estados locales son agentes naturales del Gobierno Federal y resulta claro que deben cumplir y hacer cumplir las leyes de la Nación”, añadieron.

En disidencia, Gabriela Seijas afirmó que “las autoridades locales son las únicas que pueden ser obligadas y tienen atribuciones, en caso de estimarse la demanda, para cumplir con un posible mandato restitutorio del derecho que se denuncia como violado”, y advirtió que las normas en crisis, si bien fueron dictadas por el primer mandatario, no son más que regulaciones de derecho público local”.