Ratifican constitucionalidad de las comisiones médicas para el ámbito laboral

La decisión destacó que las nuevas normas permiten el acceso a la justicia ordinaria provincial, confiriendo al juez del Trabajo poder de imperio para valorar el hecho y el derecho de las patologías

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en pleno , confirmó el rechazo a la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 8, inciso 3, 21, 22 y del inciso 1º del artículo 46 de la ley 24557 de Riesgos del Trabajo (LRT), de los artículos 1 a 4, 14 y 15 ley 27348 (complementaria de la anterior) y su resolución reglamentaria; de la ley provincial 10456, de adhesión a la nacional 27348 y del artículo 4 de la ley 26773 (Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

El Alto Cuerpo entendió que el sistema instituido por la ley provincial 10456, que fija condiciones y modalidades de funcionamiento de las comisiones médicas en Córdoba, se complementó con el objetivo de salvaguardar la protección administrativa efectiva, intentando la pronta y eficiente resolución de la contienda en esa sede y, si no ocurriera, estableció, el control judicial mediante una acción ordinaria, que implica la revisión amplia, tanto de los hechos como del derecho.

En el caso, el impugnante cuestionó la validez de la normativa que impone de manera obligatoria el trámite previo ante las comisiones médicas, para iniciar los reclamos fundados en la LRT.

Responsabilidad

El TSJ -integrado por los vocales Luis Angulo, Luis Rubio, Aída Tarditti, Domingo Sesín, María Marta Cáceres de Bollati Mercedes Blanc de Arabel y Sebastián López Peña - evaluó el alto grado de responsabilidad en la decisión, por la trascendencia del fallo a emitir, ya que el análisis de la eventual contradicción entre las normas constitucionales y el actual régimen de riesgos del trabajo es una materia que siempre reviste significación social.

En orden a la censura vinculada con la delegación de facultades de la Provincia a la Nación se consideró que la materia aparece definitivamente zanjada con la modificación introducida por la ley nacional 27348 al artículo 46 de la entonces ley de riesgos, que habilita al trabajador a prescindir de la impugnación ante la comisión médica central y recurrir lo dictaminado por aquélla ante la justicia provincial ordinaria.

El Alto Cuerpo evaluó que si bien la Córdoba adhirió a la ley nacional N° 27348, lo hizo de manera condicionada y contó con el consenso de los diversos sectores involucrados.

El fallo remarcó que la norma provincial en cuestión contempla la supervisión conjunta de la actuación de la comisión médica, mediante la celebración de convenios entre el Ejecutivo cordobés y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, establece un plazo máximo para la conclusión del trámite administrativo y consigna la misma participación en la selección de los profesionales integrantes de las comisiones para asegurar mecanismos de transparencia, que garanticen la idoneidad e imparcialidad de los dictámenes.

Además, se indicó que, el legislador cordobés dispuso que las partes intervengan con asesoramiento jurídico y asistencia de médico de control e indicó que determinó la “adecuada” cobertura geográfica tendiente a asegurar la accesibilidad a la prestación del servicio en el territorio provincial.

Tras esta evaluación, el TSJ estimó que la insistencia del recurrente, acerca de la falta de imparcialidad del organismo, se traduce en un agravio abstracto o hipotético, extraño a la vía utilizada.

Aclaración

A su turno, la vocal Blanc de Arabel aclaró que con anterioridad a la reforma de la LRT, sostuvo la inconstitucionalidad de su artículo 46, pues la redacción original de la norma alteraba la estructura jurisdiccional de la Nación con relación a las provincias, vulnerando sus autonomías.

La jurista observó que la modificación referida atendió las razones que sustentaron su masivo desplazamiento constitucional y dispuso la competencia de los tribunales ordinarios locales como órganos de control judicial, siendo el punto central a abordar en la causa es si la reforma también tuvo en cuenta los reproches de la misma raigambre, pero dirigidos en contra de la exigencia del trámite administrativo previo para concurrir ante estos estrados.

Blanc de Arabel advirtió que este nuevo régimen, a diferencia del anterior, prevé una revisión judicial amplia y muestra especial interés en acelerar la obtención de las reparaciones pertinentes.