Indemnizan con 13 sueldos a un trabajador cesanteado después de sufrir un ACV

La Sala 2ª de la Cámara de Trabajo de Córdoba condenó a una empresa al pago de la indemnización por despido, que calificó de discriminatorio, y ordenó un resarcimiento equivalente a 13 sueldos, al tener por verificado que el motivo de la cesantía fue el deterioro de salud del trabajador, situación que lo dejó en situación de vulnerabilidad casi absoluta.

El fallo apuntó que el empleado sufrió un ACV, por el cual debió ser operado de urgencia y mantener reposo laboral por el término de seis meses, aclarando que a la postre su recuperación fue total, sin pérdida de motricidad o lucidez mental.

El tribunal valoró que el trabajador se puso a disposición de la empresa para someterse a los controles médicos y destacó que la patronal debió conservar el puesto de trabajo durante el período de reserva y agotar sus recursos a fin de lograr su permanencia y reinserción paulatina.

Por ello, se presentó a la empresa para retomar sus labores, oportunidad en la cual el gerente de Recursos Humanos le informó que no servía para el puesto en esas condiciones.

Al resolver, el tribunal integrado por la vocal Cecilia Busleiman indicó que -frente a la imputación de discriminación por el estado de salud del actor como motivo real subyacente en la decisión rupturista, la empresa demandada esgrimió que el distracto respondió “a la persistencia del actor en una conducta reñida con la buena fe, no sólo al insistir en un alta médica que no es tal, sino también por la actitud ingrata y deshonesta observada por aquél al no honrar su palabra empeñada en torno al acuerdo para el pago de una asignación graciable, luego de haberse beneficiado con el cobro parcial anticipado, a lo que se suma la petición expresa, inequívoca y reiterada efectuada por su cónyuge en el sentido indicado”.

Actitud

En este contexto, la magistrada indicó que “ más allá de que pueda catalogarse la actitud del accionante como rayana con la buena fe esperable o pueda considerarse que tal calificación no es atendible, lo cierto es que esa afirmación de la accionada no encuentra sustento en las constancias de la causa ” y alegó que al accionante “ nunca se le permitió interiorizarse ni fue debidamente asesorado acerca de los alcances del pretendido acuerdo a que refirió la empresa, por lo que, dice, razonablemente se negó a suscribirlo ”.

La vocal consideró que si bien hubo “ absoluto consenso desde el inicio de la enfermedad en cuanto a su existencia y gravedad, al punto que el actor gozó sin cuestionamiento alguno de la licencia paga por el tiempo que estipula la ley, el punto es que al momento del vencimiento de aquélla, en lugar de valorar científicamente la reincorporación en los términos prescriptos por su médico particular ”, la empresa optó por hacer caso omiso a ello y rescindió el contrato de manera unilateral e incausada, “ dejando al Sr. S. en una situación de vulnerabilidad casi absoluta por el estado de salud que portaba en ese momento, según surgió de la constancia médica y fue ratificado por los propios dichos de los testigos, que lo vieron ingresar a la empresa para mantener una reunión con este último, siendo ayudado por dos personas frente a las limitaciones físicas para movilizarse autónomamente ”.

Controles

A todo ello, el tribunal sumó la permanente disposición del actor frente a la empresa “ para someterse a los controles médicos que aquella estime necesarios, en cumplimiento de lo prescripto por el art. 210, LCT, y más aún, el inicio del trámite por ante el SIART a fin de dilucidar la cuestión, dependencia que no pudo expedirse por haberse tornado abstracto el procedimiento frente a la extinción del vínculo laboral informado por la empresa, conforme lo resolvió tal organismo ”.

Así las cosas, la jueza expuso que “ no caben dudas para el tribunal (de) que la verdadera razón que subyace en esa decisión asumida por la empleadora tuvo que ver con el estado de salud que detentaba el Sr. J. J. S., lo que implica sin ninguna duda una manifiesta vulneración de los intereses que son especialmente protegidos en función de su dignidad, parámetro indiscutido para identificar la situación de discriminación denunciada ”.

Además, Busleiman advirtió que, frente a tal escenario “ y en aras a la actitud solidaria que la empresa se arroga, podría válidamente haber suspendido el pago de la asignación en los términos del art. 223, bis, LCT, -en tanto no era una obligación legal- conservar el puesto de trabajo en los términos del art. 211, ib y paralelamente, previo análisis e informe de un tercero sobre su eventual reincorporación, haber extremado su diligencia y agotado sus recursos a fin de lograr su permanencia y su reinserción paulatina, para que éste pueda intentar desarrollar sus aptitudes y competencias en la medida de sus posibilidades, lo que frustró la actitud empresaria ”.