Indemnizan a una mujer por detención domiciliaria y libertad vigilada durante la dictadura

Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en La Rioja y acreditó los presupuestos que exige la ley específica para conceder el resarcimiento solicitado

La Cámara Contencioso-Administrativa Federal, Sala II, de Buenos Aires, ordenó indemnizar a una mujer, al constatarse que entre el 17/7/76 y el 1/8/77 estuvo bajo detención domiciliaria y que desde el 2/8/77 al 1/4/78 fue sometida al régimen de “libertad vigilada” por las autoridades militares.

El tribunal se atuvo a los términos de la ley 24043, bajo la hermenéutica asignada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a las normas aplicables.

La sala, integrada por los jueces José Luis López Castineira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez, observó que para acogerse a los beneficios de la citada ley, las personas deben: a) haber sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) antes del 10 de diciembre de 1983; y b) en condición de civiles haber sido privadas de su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o no sentencia condenatoria de este fuero.

Agregó que el artículo 2 de la ley 24096 dispone que gozarán del beneficio de aquella normativa quienes hubiesen estado a disposición del PEN o que siendo civiles hubiesen estado a disposición de autoridades militares en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 y, en ambos casos, aunque hubiese tenido proceso o condena judicial.

Así, se recordó que la accionante, M.N.A., manifestó que fue privada ilegítimamente de su libertad, con arresto domiciliario dispuesto por la Gendarmería Nacional, en Chilecito, La Rioja, en las fechas ya citadas, y que sobre el final de ese periodo si bien se le había levantado la custodia, le hacían informar continuamente sus desplazamientos.

Como prueba de ello, la mujer acompañó diversas constancias y testimonios que aseveraban la condición descripta en la demanda, y el tribunal también merituó copia del libro Informe Final y Documentos Elaborados. Tomo I, confeccionado por la Comisión Provincial, Derechos Humanos de La Rioja, en el cual el padre de la demandante actora narró el episodio de la detención de su hija y lo acontecido con posterioridad, cuando durante un mes los gendarmes invadieron su casa a cualquier hora golpeando y amenazando a todos y llevaron detenida a la demandante a una dependencia de Gendarmería, donde fue continuamente interrogada, golpeada y amenazada, siendo liberada luego pero con “libertad vigilada”.

Suficientes

Después de analizar el resto de la prueba presentada, el tribunal sostuvo que resultaba suficiente para probar los padecimientos sufridos por la recurrente, primero con la “detención domiciliaria” y luego con la “libertad vigilada”, y revelaron que fue sujeta a un estado de control y de dependencia falto de garantías -o sin pleno goce de las garantías demostrable en los hechos-, que representó un menoscabo equiparable de su libertad.

De ello se derivó que lo expuesto resultaba suficiente a efectos de acoger en parte la pretensión indemnizatoria formulada por la peticionaria.

Sentado ello, a los efectos de determinar la extensión temporal del resarcimiento, la cámara advirtió de que era menester diferenciar dos períodos: el primero, desde el 17/7/76 hasta el 1/8/77, durante el cual tuvo lugar el arresto domiciliario, cuya extensión temporal ha quedado debidamente acreditada con las constancias documentales acompañadas a la presente causa; y, respecto al segundo de los lapsos, desde el 1/8/77 hasta el 10/12/83, relativo al régimen de libertad vigilada que alega haber padecido, se precisó la declaración del testigo F. N., que la propia Secretaría de Derechos Humanos no acredita que dicho régimen de “libertad vigilada” continuara luego de la fecha en que el citado testigo fue trasladado a la localidad de Chepes, en el año 1978, ni menos aún hasta el 10/12/83.

En virtud de lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía reconocer el beneficio previsto en la ley 24043 a M.N.A. por los períodos comprendidos entre el 17/7/76 y el 1/8/77 respecto de la “detención domiciliaria”, y desde el 2/8/77 al 1/4/78 con relación al régimen de “libertad vigilada”, debiendo la autoridad administrativa computar las sumas previstas en el artículo 4° de la mencionada ley y efectuar la liquidación pertinente.