ESCUCHAREl juez federal de San Rafael, Eduardo Puigdéndolas, ordenó la indagatoria del juez federal con competencia electoral en Mendoza, Walter Bento, imputado de ser jefe u organizador de una asociación ilícita que tenía como fin cobrar coimas a personas imputadas en causas por graves delitos federales que involucraban grandes sumas de dinero. Tanto el juez federal como su esposa se encuentran imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen delictivo. Si bien la fiscalía solicitó la detención del magistrado, por ahora permanece en libertad en función de sus fueros.
Puigdéndolas también ordenó la detención e incomunicación de tres abogados del foro local -uno de los cuales permanece prófugo-, imputados por asociación ilícita y cohecho activo en seis hechos. La investigación también alcanzan a otras seis personas, actualmente detenidas, acusadas de cohecho activo agravado. Una mujer y otros dos hombres están acusados como cómplices primaria y secundarios, respectivamente, en uno de los cohechos. Y, asimismo, se imputó por falso testimonio a dos personas y se solicitaron remisiones administrativas a la Cámara Federal de Mendoza para que se investigue a dos empleados y a un funcionario judicial.
La investigación se inició luego de que la Fiscalía Federal N° 2 de Mendoza remitió para su investigación las constancias de un peritaje del teléfono de un detenido por narcotráfico. En el aparato aparecían mensajes con su abogado que revelaban la existencia de maniobras judiciales irregulares sobre liberación de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad. En numerosos mensajes de texto y de voz se alude al “juez”, al “número 1” o al “gran jefe”, en referencia al magistrado ahora imputado.
Paralelamente, la fiscalía a cargo del caso solicitó a las fiscalías federales de Primera Instancia de Mendoza con competencia penal que les remitiera 300 casos de contrabando, cualquiera hubiese sido su resultado final, que tramitaron o hubieran tramitado en los dos juzgados federales, el N° 1 y el N° 3, con competencia penal, para estudiar lo que, en principio, aparecía como una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios para imputados en esas causas. Ninguno de los casos sospechosos apareció en causas que tramitaron en el Juzgado Federal N° 3.
A partir de ello, la fiscalía describió el mecanismo de la organización en la presentación formulada ante Puigdéndolas: «Su objetivo principal era lograr a través del pago de un soborno la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal nro. 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso. La consumación de la maniobra variaba de acuerdo al caso, pero se hacía siempre en base al siguiente mecanismo: en una primera etapa se concretaba el soborno (comúnmente expresado en el pago de sumas de dinero variables en dólares estadounidenses) para que el beneficiario recuperara su libertad. Generalmente esta libertad iba seguida por la impunidad de hecho del sobornador, quien podía terminar sobreseído o, en la mayoría de los casos, beneficiado por el juez con una falta de mérito o una calificación legal de menor grado, que a su vez servían de excusa para aparentar la legalidad de esa libertad».
La investigación de la fiscalía incluyó el llamado a declarar a diferentes actores del sistema judicial.
