Un diputado de Cambiemos pidió que se suprima el receso de la justicia de Buenos Aires. Antes, una legisladora radical reclamó en el Congreso Nacional que se terminen los privilegios del sector y que se le dé “una voz institucional” a la demanda de la sociedad
Luego de que el ministro de Justicia de Nación, Germán Garavano, anunció que el Gobierno impulsará una discusión sobre la feria judicial, con el fin de modificarla, un legislador bonaerense del oficialismo presentará un proyecto para aplicar la misma medida en los tribunales de su provincia.
El diputado de Cambiemos Guillermo Castello propone reformular el sistema y argumenta que el receso de 45 días implica que la administración de Justicia se paralice la sexta parte del año.
Gustavo Ferrari, titular de la cartera de Justicia bonaerense, dijo que el gobierno de María Eugenia Vidal “comparte la idea de que la ciudadanía tenga respuestas judiciales a sus necesidades durante todo el año”.
No obstante, aclaró que “la idea es ir trabajando durante el año junto a la Suprema Corte de Justicia”, porque es una atribución de ese tribunal definir los pasos a seguir.
La iniciativa que comenzará a debatirse en la Cámara de Diputados de Buenos Aires establece modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir la feria judicial que rige durante 30 días en enero y 15 días en invierno. Además, contempla condicionar las vacaciones de los empleados judiciales de acuerdo con su escala y antigüedad laboral.
También se sustituye el artículo 152 del Código Procesal Civil y Comercial de la jurisdicción para reordenar el calendario de días hábiles, teniendo en cuenta que ya no habrá 30 días de receso, correspondientes a enero ni 15 días fijados para la mitad del año. Además, se modifica el Código Procesal Penal para el cómputo de los nuevos plazos legales de la Justicia.
En los fundamentos de su propuesta, Castello señaló que la administración de Justicia “es, como la salud, la educación o la seguridad” es decir, “una de las funciones básicas del Estado y un servicio público esencial que debe proveerse de manera permanente e irrestricta a la comunidad”.
“La necesidad de eliminar la feria judicial es clara e impostergable, porque no se puede seguir negando a la población un adecuado servicio de manera institucional y deliberada”, agregó.
En el Congreso Nacional se presentó un articulado similar esta semana.
La legisladora Carla Carrizo (UCR) presentó un proyecto de declaración en el que pide que la Corte Suprema modifique el régimen de feria judicial vigente en la Justicia nacional. Carrizo, legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideró que la Cámara Baja debe apoyar los cambios y “darle voz institucional” a lo que definió como “una demanda de la sociedad”.
Asimismo, señaló que el paro de los trabajadores judiciales programado para mañana en reclamo del traspaso de fueros desde la Nación a la capital “demuestra que no alcanza con que el ministro Garavano solicite a los integrantes de la Corte Suprema que la Justicia nacional modifique sus costumbres”.
“Se trata de un sector exento del pago del impuesto a las Ganancias y trabajan menos horas que el resto de los empleados públicos”, reclamó, y aseguró que “a 33 años de democracia, el Poder Judicial le falta el respeto a la sociedad con sus privilegios laborales”.
Carrizo sostuvo que la Corte debería aprovechar la finalización de la feria para dar un mensaje contundente a la ciudadanía y demostrarle que defiende y apoya un modelo diferente de administración y funcionamiento de la Justicia.
