Habilitan instancia a empleada de la Provincia para reclamar diferencias

El TSJ cordobés, por mayoría, interpretó que pudo existir confusión en la demandante sobre el plazo a partir del cual debía interponer la acción judicial. La minoría dijo que no podía ignorar la notificación [privado] La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, por mayoría, revocó la sentencia de la Cámara a quo que inadmitió la demanda contencioso-administrativa incoada por un empleado de la demandada Provincia de Córdoba y ordenó la competencia de ese fuero al validar la temporaneidad del plazo contado por el actor para introducir la acción. El Alto Cuerpo argumentó que fue la propia Administración la que omitió notificar a la accionante la resolución que daba respuesta al conflicto planteado, por lo que existió así una duda razonable sobre que la accionante desconocía tal resolución, que era de carácter general y, en uso de los principio de informalidad y pro actione propios de la materia, falló en el sentido referido. Por su parte, la minoría sostuvo que, más allá de que no existió notificación personal de la resolución, ésta no era ignorada por la actora, por lo cual la acción devino en extemporánea. En el caso, se había hecho lugar a la excepción de incompetencia deducida por la demandada e inhabilitado la instancia, por entender que la actora, Judith Alfonso, ya conocía -con fecha 5 de agosto de 2014- la resolución 574/14 del Ministerio de Gestión Pública que dio respuesta a su petición y que, por ello, el recurso de reconsideración que planteó el 17 de septiembre de 2015 devino extemporáneo, por lo que el acto que la agraviaba quedó firme y consentido. La demandante recurrió esgrimiendo, en esencia, que era errada la interpretación de la Cámara y que su decisión no se ajustaba a las constancias de la causa. Resolución Al resolver, la mayoría integrada por Domingo Juan Sesin y Aída Tarditti advirtió de que la referida resolución 574/14 se dictó según lo acordado entre la Federación Argentina de Trabajadores Viales y la Provincia, en el acta paritaria provincial suscripta el 15/11/2013, y dispuso el reconocimiento y pago de mayores funciones de los agentes de la Dirección Provincial de Vialidad nominados en el anexo I, sin exceder los dos años anteriores a dicha fecha. Sesin y Tarditti relataron que en tal anexo de este acto se encontraba la actora quien, por su parte, el 10/8/2010 había iniciado su reclamo individual y personal, pidiendo ser agregada al listado con solicitudes de mayores funciones presentado en paritaria provincial ante el directorio, y había reclamado que su mayor función clase XIV, fuera analizada y reconocida por "quien corresponda". Participación El TSJ expuso que, si bien Alfonso se hallaba en el grupo de agentes a quienes sólo en 2014 aludió la resolución 574/14, “lo cierto es que no tuvo participación en el expediente, ni que este acto le fue notificado fehacientemente ni al momento de su dictado ni más tarde, y tampoco su contenido se tradujo en una respuesta clara a la totalidad de lo que ella solicitara en su reclamo individual de dos mil diez, que había sido reiterado con fecha dieciocho de abril de dos mil once”. La mayoría expuso que “acierta la recurrente al explicar que ella no desconoció la existencia de la Resolución Número 574/14, a tal punto que de buena fe la acompañó al expediente administrativo en la oportunidad que se refiere en el fallo que recurre, en el camino para lograr la respuesta expresa a su reclamo individual del año dos mil diez”. Asimismo, Sesin y Tarditti subrayaron que la actora nunca consintió acto alguno, “pues en el marco de las circunstancias de la causa, entendió que aquella resolución general, que la mencionaba, pero que no hacía la más mínima referencia ni análisis de su petición, no resolvía su reclamo particular”, y agregaron que ante la ausencia de respuesta al reclamo individual, reiterado en 2011, inició proceso de amparo por mora y, en respuesta a la orden judicial de pronto despacho, la “demandada decidió acompañar la Resolución 574/14, manifestando recién allí y nunca con anterioridad, su explícita voluntad de considerar a ese acto como respuesta al reclamo de la actora”. En ese contexto, la mayoría consideró que “resultan plenamente aplicables los principios de formalismo moderado y pro actione como horizontes interpretativos, derivando que la conducta de la Administración claramente pudo generar la confusión de la actora. En ese sentido, precisó que fue la propia Administración la que omitió notificar personalmente la resolución al momento de su dictado y la que luego la acompañó como respuesta expresa al pedido de la actora, sólo en el marco de un amparo por mora, y que es esa improlijidad o falta de precisión en la dirección del procedimiento a cargo de la demandada lo que indujo a la señora Alfonso por el camino impugnatorio seguido pues, en orden a lograr la causación de estado, sólo cabía recurrir ese acto expreso que por fin lograba mediante la acción judicial entablada contra la demora en resolver su reclamo de mayores funciones presentado en el año dos mil diez, infiriendo que tanto la intención explicitada por la actora como la actuación de la Administración justifican que en este caso se considere debidamente agotada la instancia administrativa”. Minoría La minoría integrada por el vocal Luis Enrique Rubio opinó que los agravios esgrimidos por la apelante no alcanzaban a rebatir las premisas sentenciales que, siguiendo la opinión vertida por la señora fiscal de Cámara expresan que, si bien no hay constancia de que la mentada resolución 574/14 haya sido notificada personalmente a la actora, resulta indiscutible que ésta no ignoraba que lo decidido mediante dicho acto administrativo contestaba el reclamo que en su oportunidad había planteado, no pudiendo -consecuentemente- esgrimir su desconocimiento ni alegar la falta de respuesta a su petición. Autos: “ALFONSO, JUDIT C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. N° 2933297) Descargá el fallo [/privado]

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