ESCUCHAREl juez Penal Juvenil dijo que está preocupado porque algo aún más grave puede suceder.
Pidió al Gobierno que adopte medidas urgentes y designe un cuerpo de profesionales
especializados y con vocación de servicio para custodiar a los jóvenes. El Ministerio de Justicia reconoció el problema y aseguró que trabaja para resolverlo
Cuando aún se buscaba a cuatro de los seis jóvenes que se fugaron en la noche del viernes del Complejo Esperanza, a primeras horas del lunes se conocía la noticia de un motín que -aunque pudo ser controlado- puso en evidencia una situación compleja en el centro de detención de menores.
“La situación era previsible y algo aún peor puede suceder si el Gobierno no adopta las medidas necesarias para revertir la situación”, advirtió a Comercio y Justicia el juez en lo Penal Juvenil de 4ª Nominación, José González del Solar.
El magistrado -que en abril dispuso la finalización del hábeas corpus que regía sobre el Complejo Esperanza- subrayó que aunque se lograron muchas mejoras edilicias y se incorporaron educadores especializados para los detenidos, la guardia sigue siendo “personal no calificado” que, en su mayoría, “no tiene vocación de servicio”.
“Estos guardias estuvieron saboteando el trabajo de los educadores, no llevan a los chicos a la escuela, no los llevan a los talleres. Ellos reclaman por una situación laboral indefinida pero no miden la magnitud de lo que hacen”, remarcó.
El propio González del Solar fue testigo de una asamblea del personal de seguridad cuando hace 15 días fue al Complejo a entrevistar a un grupo de jóvenes: “Eran 20 guardias que estaban reunidos, charlando, riéndose. Cuando les pregunté que hacían, me dijeron que estaban de asamblea. Tengo entonces que entender que eran 20 guardias menos que no estaban en sus módulos”.
El juez se mostró preocupado y en alerta: “No tenemos que minimizar lo que pasó”. En tal sentido, subrayó que la decisión gubernamental para superar la situación “es impostergable”.
En el mismo sentido se refirió la legisladora Liliana Montero, impulsora del hábeas corpus que permitió la posterior mejora en la calidad de vida de los internos detenidos en el Complejo.
Montero reconoce las mejoras de los últimos años: las reformas edilicias en los pabellones, la reapertura de talleres, la incorporación de socioeducadores y la “cuestión deportiva”. Sin embargo, destaca que la gran deuda son los guardias a cargo de la custodia.
“Es gente que ingresó en 2003, sin tener ningún tipo de preparación ni controles mínimos. Tampoco se impulsó un proceso de formación y capacitación en todos estos años. Debe haber un cambio en serio, de 180 grados en este sentido”, dijo la legisladora de Córdoba Podemos.
Cambios
Conocida la noticia, el Gobierno provincial reconoció las falencias. El secretario de Organización y Gestión Penitenciaria del Ministerio de Justicia de Córdoba, José Piñero, ofició de vocero. “No nos caracterizamos por negar los problemas, como por ahí pasaba en otro tiempo”, advirtió, y agregó: “Sabemos que tenemos un problema con la capacitación del personal pero tenemos la decisión de resolverlo y trabajamos para eso. Sería un fracaso irnos de la gestión sin solucionarlo, porque es prioridad absoluta”.
Sin embargo, pidió “no meter a todo el personal en la misma bolsa ya que no todos realizan una mala tarea”.
Además, anticipó que los -siempre resistidos- cambios no tardarán en llegar al Complejo. “Nosotros elaboramos pautas de conducta, que fue discutida con todos lo actores. Ahora se aceleraron algunos tiempos y las vamos a implementar antes”, dijo.
En tanto, ayer continuaban los operativos y los rastreos para encontrar a los cuatro jóvenes que permanecen prófugos. Otros dos ya fueron recapturados el sábado.
Cabe recordar que por esta fuga hay cuatro guardiacárceles en situación pasiva por disposición del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario.
La fuga ocurrió a las 21.30 del viernes, cuando cuatro jóvenes de 17 años, uno de 18 y otro de 20 evadieron los controles, aparentemente durante un descuido, a la hora de la cena.
