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Felisa Miceli seguirá bajo pesquisa por venta irregular

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Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia revocó el sobreseimiento de la ex ministra de Economía Felisa Miceli en el marco de una causa por presuntas irregularidades en la venta de una propiedad del Banco Nación cuando lo dirigió, entre 2003 y 2005.

Así, la ex funcionaria seguirá bajo pesquisa en el expediente en el que se investigan delitos contra la Administración pública por la enajenación de un frigorífico propiedad del Nación a la empresa Santa Elena Alimentos SA, a un precio inferior al del mercado.

Los sobreseimientos de otros ex funcionarios y de privados también cayeron.

La compra del frigorífico estuvo a cargo del empresario Sergio Taselli y también se investiga si le hizo a Miceli un pago indebido de 20 por ciento del monto de la operación para que el proceso administrativo de la compra fuera a favor de Santa Elena Alimentos SA.

“Cuadernos”

Taselli es uno de los empresarios que estuvo preso en la causa de los llamados por algunos medios “cuadernos de la corrupción”. Fue detenido en agosto de 2018 por orden del fallecido juez Claudio Bonadio, cuando se presentó a declarar luego de que su compañía fue allanada. Un mes después, la Cámara Federal ordenó su libertad.

Miceli reemplazó a Roberto Lavagna en Economía en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

Estuvo en el cargo hasta julio de 2007, cuando durante una requisa de rutina de oficiales de Bomberos se encontró en el baño de su despacho una bolsa con 100 mil pesos y 31 mil dólares.

Por ese hecho, fue procesada y enviada a juicio.

En diciembre de 2012, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó a cuatro años de prisión y a ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por encubrimiento y sustracción de documento público (por la destrucción del acta que confeccionaron los bomberos). Si bien la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo, consideró que el monto de la pena no estaba justificado y ordenó que se dictara uno nuevo.

Finalmente, la sanción se fijó en tres años de prisión en suspenso y seis años para ejercer cargos públicos.

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