España: entró en vigencia la ley que despenaliza el aborto

Mientras Zapatero defendió la normativa, las críticas no se hicieron esperar. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular presentaron sus objeciones y  piden la suspensión

La nueva ley que despenaliza el aborto y permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin tener que alegar motivo alguno entró hoy en vigor en España, entre las críticas de la Iglesia católica y el Partido Popular (PP).

Desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero salieron a defender la normativa tanto el jefe del Ejecutivo, como la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Es una ley «de prevención, de seguridad y europea», dijo Zapatero en rueda de prensa con el presidente sirio, Bashar al Asad, según difundió la agencia de noticias DPA.

«De prevención, porque está destinada a evitar embarazos no deseados; de seguridad, porque da más garantías a los profesionales y a las mujeres; y europea, porque está en la media de las leyes de países de la UE con gobiernos de todos los colores políticos», dijo.

Objeciones

El hecho de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento de sus padres, aunque con conocimiento de los mismos, es uno de los puntos más polémicos.

La ley «impone» la «ideología abortista» y «de género» en el sistema educativo, aseguró la Conferencia Episcopal Española (CEE). «Es necesario recordar que se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral, en particular la católica», indicaron los obispos en un comunicado.

El PP de Mariano Rajoy la calificó hoy de «inhumana, inconstitucional e injusta», mientras el presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, dijo que «no hay razones para acatar la ley» y dejó la puerta abierta a que la región del sureste español no lo haga.

Según informó el diario español El País, la ley ya acumula tres recursos judiciales: el del partido de Mariano Rajoy, el del Gobierno de Navarra y el de varias asociaciones encabezadas por el centro jurídico Tomás Moro.

Por su parte, las autoridades de Madrid señalaron que protegerán » en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». Galicia, en tanto, no otorgará información a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo.

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