Elevan daño moral por muerte de una menor en una escuela y limitan facultad del juez interviniente

La cámara consideró que el resarcimiento no era suficiente y subrayó que los magistrados no son los encargados de llevar adelante ni ordenar las políticas públicas

Al elevar el monto del daño moral a favor de una madre soltera, quien había criado sola a su hija, la cual murió durante una clase de educación física en una escuela provincial, la Cámara 1ª Civil y Comercial de Córdoba revocó el mandato preventivo sobre ciertos controles de salud a los alumnos e instrucciones al cuerpo docente dispuestos en la sentencia de primera instancia, al entender que no son los jueces los encargados de llevar adelante las políticas públicas.

El tribunal integrado por los vocales Guillermo Tinti (autor del voto) y Julio Sánchez Torres analizó el importe establecido para indemnizar el daño moral, concluyendo que debía elevarse en 60%, debido a la perspectiva de género y a la situación de vulnerabilidad de la madre.

En ese sentido, el fallo precisó que la perspectiva de género debe asumirse con la mayor intensidad a la hora de considerar la indemnización pues este caso se trata de una madre que demanda por la muerte de su hija adolescente y en el que las constancias revelan una dedicación y esfuerzo de una mujer comprometida con la vida y el desarrollo de su hija, como se puede ver desde el certificado de nacimiento, en el que aparece sola anotando el nacimiento, asì como en las abundantes constancias médicas de atención e incluso de internación de la menor de edad S. M. y los informes escolares de ésta.

La cámara estimó que se había reunido un completísimo cuadro probatorio, “que revela la tan decidida como solitaria dedicación de una mujer en la crianza y educación de su hija” y que no puede ser obviada al cuantificar equitativamente la indemnización del daño extrapatrimonial, “como tampoco puede obviarse la real situación de vulnerabilidad vivida y afrontada por la actora y de la cual da cuentas a las claras el expediente”.

En ese orden, la alzada sostuvo que el tribunal a quo fijo el monto de $1.701.622, equivalente a la posibilidad de construir 26 m2, mejorando “de manera pronta” y sustancial la calidad de la vivienda que habita, aunque considerándolo escaso o insuficiente, dada la magnitud del daño.

En consecuencia, en el fallo se apreció como “justo, prudente y razonable” fijar el resarcimiento en $2.522.595.

Discrepancia

En cuanto al mandato preventivo, el tribunal discrepó de lo prescripto en el punto “6” del “Resuelvo” de la sentencia de primera instancia, que ordenaba a la Provincia que requiriera, de manera obligatoria y periódica, a todos los alumnos menores de edad del sistema de educación pública provincial la presentación de un control integral de salud, cuyas especificaciones debería formular la autoridad provincial de Salud, siguiendo los parámetros dados por Salud de la Nación.

Además, la cámara observó que el tribunal a quo había determinado que -en aquellos casos en los cuales se detectaran en el control integral de salud condiciones que contraindicaran, limitaran o exigieran cuidados especiales para efectuar actividad física- debe requerirse una constancia médica que, considerando tal situación, determine si el alumna puede realizar actividad física y de qué modo.

En la misma dirección, en la instancia previa también se había establecido que todos los alumnos del sistema público de educación media de la provincia, docentes y no docentes de la comunidad educativa, deberán recibir capacitación en la atención primaria básica del paro cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de muertes evitables en el ámbito extrahospitalario, de acuerdo con lo previsto en las leyes nacionales Nº 26835 (Promoción y Capacitación en las Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar Básicas) y Nº 27159 (Sistema de Prevención Integral).

Refutación

Refutando esa visión, la cámara sostuvo que los jueces no administran ni sustituyen al Ejecutivo en la función administrativa, y ciertamente lleva razón la Provincia recurrente que la Constitución y las leyes han reservado esa función al departamento Ejecutivo, el cual -por otra parte- es el que en mejores condiciones se encuentra para esas cuestiones que hacen al manejo de la cosa pública, y, concretamente, a las políticas y medidas sanitarias en el ámbito de los establecimientos educativos al ser éstas “una cuestión de una seriedad, importancia y complejidad cuyo diseño y ejecución corresponde a departamentos idóneos y especializados del poder administrador”.

Asimismo, el voto destacó que, al contestar el traslado de los agravios, la propia parte actora estuvo de acuerdo con su revocación, resultando palmario que el punto de la sentencia excede largamente la función preventiva de la responsabilidad civil que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación y, desde luego, “que no se ha tratado en autos de la acción prevista por el artículo 1711 del citado ordenamiento”.