El valor del dólar oficial no muestra la realidad del mercado inmobiliario

El tribunal concluyó que frente a esa verdad -y para la causa puntual- debe tomarse el valor dado al inmueble en disputa por el peritaje del tasador

En un pleito que giró en torno de un inmueble, que paralelamente fue tomado como base económica para la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes, la Cámara 7ª Civil y Comercial de Córdoba revocó la resolución del juez a quo, quien había fijado para el cálculo de los gastos causídicos el monto en dólares determinado en el peritaje del tasador y lo había convertido a la cotización oficial tipo vendedor de la moneda estadounidense. La alzada interpretó que tal parámetro no muestra el valor de la propiedad en cuestión ni representa la realidad del mercado de bienes raíces .

El tribunal integrado por los vocales Rubén Atilio Remigio y Jorge Miguel Flores destacó que la queja por la determinación de la base regulatoria realizada por el sentenciante de primera instancia “se ciñe a la conversión del valor dólar realizada por el juez, usando para tal fin el cambio oficial tipo vendedor; el recurrente entiende que el que debe tenerse en cuenta es el que establece el mercado inmobiliario, que refleja el ‘valor real y actual’ de los inmuebles tal como lo indica el tasador”.

Variante

En esa dirección, la alzada sostuvo que la cotización del dólar oficial no es la variante que brinda la solución adecuada y justa a la controversia; con mayor razón tratándose de valores inmobiliarios “que en este país se ajustan conforme el valor del dólar estadounidense, donde -de haber más de un tipo de cambio oficial- en principio corresponde aplicar el más alto, por presumirse que es el que refleja de manera más adecuada su valor real”.

Así las cosas, el tribunal evaluó que es un hecho notorio e incuestionable -desde la experiencia común- que el dólar tomado como valor real y actual de los inmuebles no es al tipo de cambio oficial sino al del valor real que considera el mercado inmobiliario.

Por ende, se indicó que luego de lo dictaminado por el perito tasador, el tipo de cambio ponderado por el tribunal a quo (al precio oficial) deviene arbitrario.

Consecuente con ello, los camaristas señalaron que debía modificarse el resolutorio en crisis y fijar la base económica del proceso en moneda de curso legal, cuya cuantificación se concretó en aquel dictamen.

Argumento

En ese sentido, la sentencia argumentó que, si bien la regulación -en principio- debe practicarse con base en el precio convenido en el contrato que motiva el pleito, no lo es menos que al haberse practicado una tasación pericial del inmueble que da un valor distinto del precio contratado, la regulación debe practicarse con base en esa tasación, que expresa el valor real y actual de la cosa.

En ese sendero, el fallo advirtió de que en el punto lo decidido por el magistrado “padece del vicio de falta de fundamentación ya que no ha dado razones por las que se aparta del dictamen a la hora de convertir los dólares a pesos”.

Asimismo, la cámara consideró que tal ausencia de fundamentación es determinante para la corrección de la solución brindada en la anterior instancia, en tanto no existen argumentos o enunciados independientes, susceptibles de justificar la solución en este segmento del fallo.

Dictamen

El tribunal destacó que el perito oficial, en su dictamen, expresamente dice: “El valor del inmueble en el mercado es en dólares, en caso de querer establecer el valor en pesos, la cotización utilizada para el caso de venta, es el valor de mayor cotización en mercado”, y seguidamente realiza la conversión estableciendo el precio del inmueble en la suma de $22.998.883.

Por lo expuesto, la alzada concluyó que el tribunal a quo debió tomar como base regulatoria la que se origina en la suma en pesos establecida por el perito oficial en su dictamen respecto del valor del inmueble (reducida a la mitad, ya que en los presentes se reclamaba la transferencia de 50% del dominio del inmueble), y a partir de allí practicar los cálculos pertinentes en orden a la retribución que corresponde establecer para el letrado incidentista.