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Sugerencias para los penales de Córdoba

RECLAMO. La asociación fustigó las morigeraciones de encierro durante la pandemia.
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Esta semana, la comitiva visitó el Complejo Carcelario “Reverendo Padre Lucchese”. El grupo también inspeccionó el Establecimiento Penitenciario Número 3 de mujeres y el Complejo Carcelario “Adjutor Andrés Abregú”, de Cruz del Eje

El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles monitoreó varios penales de la provincia de Córdoba.
El organismo hizo observaciones respecto del sistema sancionatorio y sobre la alimentación y el trato a las mujeres y a las madres con niños privadas de su libertad.
El organismo, presidido por el juez federal Gustavo Hornos, trabaja en planes para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad y lleva a cabo controles periódicos para verificar las condiciones de vida de los internos.
Esta semana, una comitiva conformada por los jueces Mariano Borinsky y Sergio Paduczak, el fiscal José Nebbia, la secretaria Bárbara Franco, el defensor público Jorge Perano; la delegada local de la Procuración Penitenciaria Nacional, Roxana Gauna; en representación del CELS, Eva Asprella y Mariano Lanziano; y la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher, visitó el Complejo Carcelario “Reverendo Padre Lucchese”.
El grupo también inspeccionó el Establecimiento Penitenciario Número 3 (mujeres) y el Complejo Carcelario “Adjutor Andrés Abregú”, ubicado en Cruz del Eje.
Borinsky y Paduczak advirtieron sobre la necesidad de flexibilizar el régimen de vida de aquellas personas que se encuentran alojadas en los denominados pabellones para “internos con dificultades conductuales”, resaltando que problemas de distinta etiología, que requieren diferentes soluciones, son insistentemente controlados mediante el aislamiento y la utilización de psicofármacos y sujeción a camillas en el sector de sanidad, no como un medio terapéutico sino como castigo.
En ese sentido, valoraron que ese tipo de intervenciones pone en riesgo los derechos fundamentales de las personas detenidas y sugirieron que se prohíban las medidas de sujeción respecto de las personas sancionadas o consideradas conflictivas.
Asimismo, postularon que se garantice –como regla- el acceso de todos los internos e internas a los patios externos por, al menos, el tiempo establecido como estándar internacional para el ejercicio físico al aire libre (una hora por día, conforme lo disponen las reglas Mandela), así como la provisión de elementos de recreación para ser utilizados en los espacios internos de los pabellones.
Por otra parte, criticaron las medidas de seguridad que se toman en relación a las mujeres, quienes son esposadas luego de dar a luz y reclamaron que se les garantice el acceso a los servicios médicos de todas las detenidas alojadas en el establecimiento en tiempo y forma adecuada, según la especialidad que requieran.
Respecto de sus hijos, los magistrados reclamaron que se arbitren los medios necesarios para la asignación de un pediatra y obstetra de manera permanente.

Línea
Ademas, propusieron que se instale al menos una línea telefónica para evitar focos de conflicto en los pabellones y para asegurar la efectiva comunicación de los detenidos y detenidas con el exterior.
También plantearon su preocupación por el suministro de la comida, tanto por su mala calidad como por su baja cantidad y advirtieron que, al igual que en otras unidades carcelarias del país, los alimentos no coinciden con los que figuran en el menú y que tampoco son servidos en horarios adecuados.
Los integrantes del sistema apoyaron la iniciativa del proyecto de ley para la implementación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura y otros tratos penas crueles, inhumanos o degradantes.
En esa dirección, consideraron oportuno reafirmar la posibilidad de ingreso a todos los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba a los organismos de control, a fin de que continúen con la tarea de monitorear los penales provinciales.

El organismo presidido por el juez federal Gustavo Hornos busca proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. Con ese fin, lleva a cabo controles en todo el país
para verificar las condiciones de vida de los internos y emite recomendaciones.

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