El porcentaje de incapacidad laboral, sí; el recorte de intereses, no

Al confirmar la diferencia en el porcentaje indemnizatorio dispuesto por la cámara, así como la existencia de una patología psiquiátrica, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió la casación de la demandada La Segunda ART en torno al interés aplicable, reiterando su postura respecto a que el incremento de la tasa sólo corresponde desde el 1 de enero de 2023 y sólo por tres por ciento mensual más tasa pasiva.

La recurrente se agravió por la condena al pago de una diferencia de incapacidad respecto de lo dictaminado por la comisión médica y por la verificación de una afección psiquiátrica, denunciando déficits formales al señalar que la resolución sólo se apoya en la pericia médica oficial en detrimento de lo dictaminado en sede administrativa.

Asimismo plantea que se omitió valorar la impugnación del perito de parte; modo de proceder que afecta sus garantías constitucionales y que le ocasiona un perjuicio económico.

Afección

En orden a la afección psiquiátrica, la demandante afirma que el sentenciante sustentó sus conclusiones en un dictamen emitido por un médico legista, que carecía de conocimientos específicos para analizar a la persona y diagnosticar, ello especialmente cuando contaba con otros recursos institucionales a efectos de evacuar.

El alto cuerpo -integrado por los vocales Luis Angulo (autor del voto), Mercedes Blanc de Arabel y Luis Rubio indicó que el planteo era parcialmente inadmisible, “ puesto que la estrategia recursiva no logra demostrar las falencias que invoca ni su entidad para modificar la conclusión a la que se arribó en orden a la verificación de los presupuestos necesarios para que proceda la demanda ”.

En esa dirección se apuntó que de las constancias “ surge que el a quo, respecto del porcentaje incapacitante que al trabajador le significaban las afecciones físicas, más allá de considerar la pericia médica oficial, al cuantificarlo se remitió al dictamen de la Comisión Médica ”, a lo que agregó 20% por una afección psiquiátrica e incorporó porcentualmente el factor de ponderación por edad (59,57% TO).

El TSJ no advirtió que la a quo haya analizado los elementos de prueba del modo que refiere la impugnante; especialmente si el porcentual que finalmente consideró fue el indicado por la autoridad administrativa en cuanto a la disminución de la salud física.

Informe

“ Tampoco resulta determinante que el a quo no se haya referido expresamente al informe en disidencia que la presentante denuncia como omitido (...) , pues las consideraciones allí efectuadas implican una adhesión al dictamen del organismo oficial que -como se ha referido- fue lo que el a quo tuvo en consideración ”, se apuntó.

Con respecto al planteo sobre la competencia para expedirse sobre las afecciones psiquiátricas del profesional que evacuó la medida para mejor proveer, “ el reproche luce infundado, toda vez que desatiende el procedimiento seguido para alcanzar ese diagnóstico y porcentaje incapacitante ”, se subrayó

Para el TSJ, ello es lo exigido por la SRT para evaluar esta categoría de afecciones y la cuantificación efectuada guarda relación con las previsiones del decreto 659/1996.

Por otra parte, el TSJ tampoco advirtió “ que la impugnación a la que hace referencia fuera formulada por un especialista en la materia, de modo que al cuestionar el diagnóstico se inmiscuye en cuestiones técnicas que le exceden y son ajenas a su área de conocimiento ”.

En cuanto a los intereses, el alto cuerpo sostuvo que distinta es la situación que involucra la aplicación de los accesorios legales, asunto ya resuelto en el fallo “Seren”, agregando que allí se justificó la intervención excepcional del TSJ en su función unificadora, “ dispuesta para solventar las disímiles soluciones alcanzadas por los Tribunales en contextos económicos marcados por las variaciones del valor de la moneda ”.

Punto

Por ello, se sostuvo que “ en el punto resulta prudente no ingresar al análisis de las condiciones de admisibilidad de la impugnación, remitir a los fundamentos de aquel pronunciamiento y reproducir sus puntos decisivos ”.

En esa dirección, el fallo apuntó que la Sala ratificó la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) como variable que refleja las fluctuaciones del costo monetario (confr. “Hernández (…)”), más dos por ciento nominal mensual hasta el 31 de diciembre del 2022.

Luego, el TSJ indicó que desde el 1 de enero de 2023 se dispuso incrementar el mencionado componente fijo a tres por ciento nominal mensual, en razón de que a partir de dicha fecha se comunicó la aceleración en los guarismos informados del año precedente.