ESCUCHAREl Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata insiste que es la entidad legitimada y que está en riesgo “la integridad territorial y la soberanía nacional».
El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata (Cecim) apeló la decisión de la Justicia de dejar firme el apartado del DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras, decisión que la entidad calificó como riesgosa para «la integridad territorial y la soberanía nacional».
«La Argentina está en venta. ¿Quién será responsable si compran las tierras aledañas a Vaca Muerta? ¿A los yacimientos de litio? ¿El encadenamiento de fundos aledaños a un río? ¿A un lago? ¿A una laguna? ¿Quién se hará cargo de los efectos jurídicos que, seguramente, están sucediendo?», indicó el Cecim en un documento judicial firmado por su representante legal Jerónimo Guerrero Iraola y su presidente, Rodolfo Carrizo.
El organismo cuestionó la decisión que tomó el lunes el juez federal Alberto Recondo, quien anuló la medida cautelar que suspendió la derogación de la Ley de Tierras establecida en el decreto a raíz de un pedido del Cecim, ya que el magistrado no le dio a esa entidad «legitimación» para solicitar la inhabilitación de ese tramo de la medida del Gobierno de Javier Milei.
«Los excombatientes nucleados en el Cecim, una organización que promueve la investigación, el desarrollo y activismo por la defensa de la soberanía es la entidad legitimada por antonomasia», reza la resolución, en la que la organización remarcó tener legitimación para «promover una acción que, de no prosperar, o frente a la demora en su trámite, pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía nacional».
En el texto, el organismo se preguntó «cuál sería el supuesto de persona, física o jurídica» que sí está «habilitada para litigar» frente a una decisión que consideraron como parte del «desguace del Estado», «la desintegración de la soberanía territorial» y «el condicionamiento geopolítico argentino».
«Los ex combatientes conscriptos del Cecim no somos una pieza de museo, somos una fuerza viva de nuestra Patria con las vivencias necesarias, el recorrido justo y la trayectoria intachable que nos permite anunciar lo que sucederá si el Poder Judicial de la Nación no pone freno al desatino: enajenarán la Nación», agregaron.
El organismo reivindicó la representatividad y autoridad de cada ex combatiente: “Si se les permitió representar al pueblo argentino, a la ciudadanía, frente a una potencia enemiga, ofrendando lo más preciado que detenta un ser humano, la vida, es absurdo que no pueda hacer lo propio frente a una situación análoga, es decir, la defensa de la soberanía territorial frente a una amenaza o situación actual de disgregación».
«En vano perseguiría el CECIM la defensa de los derechos soberanos sobre el Atlántico Sur si permitiese nuevas dinámicas de coloniaje, configuradas por la compra de ingentes cantidades de tierra por parte de capitales extranjeros», advirtió el escrito de apelación.
El amparo
El CECIM promovió a fines de diciembre pasado una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del DNU que «deroga la ley 26737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales (Ley de Tierras)» porque -argumentó- «pone en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional».
Sin embargo, el juez Recondo le dio la razón al Estado nacional, que había rechazado esa acción, al afirmar que ese organismo no estaba legitimado porque «carece de un interés concreto y personal que se encuentre afectado, lo que deriva en la ausencia de caso, siendo ello un requisito de admisibilidad necesario para la consecución de la acción intentada».
