ESCUCHAREn enero de 2021, ambos magistrados acudieron al organismo regional. Denunciaron que la Administración de Alberto Fernández generó “un esquema ficcional” para removerlos de sus puestos de la Sala I de la Cámara Federal porteña
En diciembre de 2021, el relator especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y los Abogados le cursó una nota a la Cancillería argentina para pedirle informes sobre la situación de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
Los magistrados fueron trasladados a ese tribunal durante el gobierno de Mauricio Macri y, en julio de 2020, la Administración de Alberto Fernández revocó la medida.
Ante ello, ambos presentaron una demanda que llegó a la Corte, que determinó que debían dejar la cámara una vez que finalizara el concurso para elegir a sus relevos.
El Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) inició el procedimiento para reemplazarlos y Bertuzzi se presentó al concurso.
Paralelamente, los dos denunciaron lo sucedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en enero de 2021.
“Hemos sido removidos por la política de nuestros cargos de jueces de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder, por motivos que en forma individual o combinada generaron un esquema ficcional del que se valieron las actuales autoridades del Estado argentino para desalojarnos en forma expedita”, alegaron.
“Fueron actos en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad (centrado en el CMN), montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados. Mediante esta ilícita acción, violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad de las que gozábamos. Los motivos pueden ser varios, sin descartar la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del Poder Judicial”, expresaron.
Ahora, la CIDH intimó al Gobierno a informar su postura sobre la denuncia.
“Destitución selectiva”
Cabe recordar que, en mayo pasado, Bruglia y Bertuzzi aportaron elementos para demostrar lo que, entienden, configuró una “embozada maniobra de destitución selectiva” de sentenciantes.
Según indicaron, los integrantes del CMN, en reuniones, “terminaron reconociendo que no hay una solución para aplicar a la situación de los jueces trasladados” y que opinaron que el fallo de la Corte es “de imposible ejecución por la cantidad de problemas que genera”.
Concursos
Bruglia y Bertuzzi resaltaron que los únicos concursos que se abrieron fueron los destinados a cubrir sus cargos en la Cámara porteña y el del juez Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que tiene la causa “Cuadernos”.
“¿Es una simple casualidad o una obsesión de la política?”, ventilaron ante la CIDH, y sugirieron que el motivo podría ser una mezcla de “venganza” y “deseos políticos” de designar a judiciales afines al kirchnerismo.
La CIDH le cursó su notificación al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero (foto), quien deberá responderla dentro del plazo de tres meses, prorrogable -si fuere necesario- hasta un máximo de cuatro.
En julio de 2020, el representante del Poder Ejecutivo en el CMN, Gustavo Ustarroz, pidió la revisión de una decena de traslados que consideró irregulares; entre ellos, los de los jueces que integraban el Tribunal Oral Federal 4 y fueron reubicados por el organismo en la Sala 1 de la Cámara Federal.
Bruglia y Bertuzzi acudieron en una presentación conjunta a los tribunales.
Su caso llegó a la Corte vía per saltum.
Al resolver, decidió terminar con el sistema de traslados. Sostuvo que Bruglia y Bertuzzi estaban en la Cámara Federal transitoriamente, pero también lo estaba el resto de los jueces trasladados desde que, hacía dos décadas, el CMN implementó esa dinámica.
Según la Corte, todos los trasladados debían ganar un concurso y conseguir el acuerdo del Senado, si querían ser titulares y, mientras tanto, Bruglia y Bertuzzi debían permanecer en la Cámara hasta que se definieran los ganadores de sus vacantes.
Demanda contra el Presidente
El noviembre de 2022, luego de que Alberto Fernández lo tachó de “juez ilegítimo” en un hilo de posteos en la red social Twitter, Bruglia anunció que iba a demandarlo.
En esa oportunidad, declaró que Fernández faltó a la verdad a sabiendas y que lo dañó moralmente.
Ponderó que, por ser el Presidente abogado, tuvo “plena conciencia” tanto de lo que dijo como de su alcance y de la afectación que causó, la cual definió como «calificada», por provenir del jefe de Estado.
También renunció a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) por su falta de respaldo.
Después del fallo de la alzada que dejó en libertad a los cuatro integrantes de la agrupación “Revolución Federal”, en la mira de los letrados de Fernández de Kirchner desde el intento de homicidio que ésta sufrió, el primer mandatario escribió en Twitter, el 2 de noviembre de 2022, a las 16.42: “Una vez más, la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”.
Alberto Fernández opinó también que Bruglia y Bertuzzi “usurpan” sus puestos.
El ministro de Justicia, Martín Soria, se sumó al embate.
Ante estas acusaciones, Bruglia le cursó una carta a la AMFJN para anunciar que ya no sería parte de la entidad. “Que ustedes no adviertan la gravedad institucional de los dichos del Presidente y de las expresiones del ministro de Justicia, claramente ofensivos hacia mi investidura y sobre todo falaces -generando una deslegitimación en mis funciones que resultan inaceptables- es motivo eficiente para que, sin dejar pasar más tiempo, renuncie”, manifestó.
“Saben muy bien que por un decreto presidencial (asentado en una compleja maniobra anterior), publicado en una especial edición del Boletín Oficial de la Nación, fui apartado del cargo que actualmente estoy ocupando y al que, meses después, un fallo de la Corte ordenó restituirme”, reseñó.
Recordó que en noviembre de 2020 la Máxima Instancia concluyó que él debía permanecer en la Sala I hasta tanto fuera designado un juez reemplazante. “No soy ilegítimo”, enfatizó.
Alegó que Alberto Fernández y Soria fueron “claramente ofensivos” y que el hecho configuró “una clara injerencia sobre otro poder del Estado”, lo cual, a su juicio, debió generar “algún tipo de alarma” en la AMFJM.
En mayo pasado, patrocinado por Estela Pastorini y Juan Manuel Blanco, Bruglia demandó a Alberto Fernández por dañar su honor y dignidad y afectar su imagen pública.
Le reclama un resarcimiento económico de 40 millones de pesos y que se retracte públicamente en Twitter.
Además, le pidió a la Justicia que confirme si el Presidente es en efecto profesor de Derecho Penal en la UBA, con una copia de su legajo personal y documentación adicional sobre su formación académica.
Para justificar sus reclamos, ponderó que “su especialidad y desempeño” como docente “determina una capacidad mayor de motivarse” y conocer “el alcance y la gravedad” de sus actos.
Asimismo, solicitó que ordene un peritaje vinculado a aspectos de la personalidad de Alberto Fernández en cuanto a su percepción de “criterios de realidad”.
“No estamos ante un hecho de simple ofensa. Estamos hablando de un presidente descalificando falazmente a un juez de la Nación, utilizando un medio de comunicación masivo y con enorme repercusión social”, arguyó.
A criterio de Bruglia, Fernández buscó descalificar una sentencia que no era de su agrado, lanzando “una estigmatizante, denigrante y humillante imputación” con “absoluta deslealtad” a la verdad.
Recalcó que lo mencionó con nombre y apellido, como integrante del Poder Judicial, “publicando una seguidilla irrefrenable de tweets” instantes después de que la decisión tomó estado público. “Fallé legalmente y con los debidos fundamentos”, añadió.
Límites
“No es sustancial para mí la solución patrimonial. No llega a restaurar lo dañado. Pero es muy importante intentar reponer algo de lo que en muchas ocasiones hemos perdido en el correcto ejercicio de la jurisdicción, en colisión con intereses políticos. Es una cuestión de límites”, consignó.
El juez citó a la AMFNJ y señaló que su demanda civil es “una búsqueda de reparación individual ante la falta de un gesto colectivo” de sus pares.
Bruglia arguyó que el arrebato de Fernández le causó perjuicios que se propagaron “exponencialmente” por la herramienta que usó (Twitter) y que ello tuvo “fuertes implicancias” en el ejercicio de su actividad.
Sostuvo que la publicación fue “abrupta, sorpresiva, injustificada y falaz” y que el accionado incurrió en la “transgresión a los principios de decoro y respeto a la buena fe” porque hizo aseveraciones “absolutamente mendaces”.
“Hijo de”
En un tramo del escrito que presentó, al invocar el perjuicio “ilimitado” que, argumentó, le causó el primer mandatario, citó que el demandado es “abogado, hijo de juez, profesor universitario y presidente”, características que “lo convierten en un personaje especialmente cualificado”, lo que genera que su conducta tenga “ribetes que no son ordinarios”.
“Su escondida motivación solo él la sabrá”, disparó. “Tal vez intenta agradar. Quedará sólo en el campo de lo condicional y las suposiciones”, agregó, y juzgó: “Lo que ya no puede conjeturarse es la clara intención política”.
