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El Gobierno avanza en la ley de arbitraje comercial-internacional

Encuentro. Agustina Díaz Cordero visitó Córdoba en el marco del plan Justicia 2020.
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Forma parte de las reformas que prepara el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En un mes la iniciativa podría ingresar al Congreso. La regulación de las acciones colectivas es otro de los proyectos que se presentarán este año. La reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, también en carpeta – Silvina Bazterrechea – [email protected]

En el marco del programa “Justicia 2020”, el Gobierno nacional trabaja en algunas iniciativas que serán próximamente presentadas en el Congreso nacional para su debate y posterior aprobación.
Entre las más avanzadas se encuentra el proyecto normativo tendiente a regular los procesos colectivos en nuestro país y una ley que regule el arbitraje comercial- internacional, indicó a Comercio y Justicia Agustina Díaz Cordero, del Programa de Derecho Privado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de visita en Córdoba en el marco del encuentro del plan “Justicia 2020”.
En el último y resonante fallo sobre el aumento de las tarifas de gas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) exhortó al Poder Legislativo a que regule la normativa relativa a las acciones colectivas. La reforma constitucional de 1994 incorporó este instituto pero nunca fue reglamentado.
Si bien en el caso Halabi el Máximo Tribunal del país fijó pautas concretas, se requiere de un proyecto de ley que sea debatido y aprobado en el Congreso.
“Como esto no se ha hecho, el ministro Garavano está encabezando esta iniciativa y ya hemos tenido reuniones con distintos actores del Poder Judicial recabando opiniones”, explicó a este medio Díaz Cordero. La especialista aseguró también que en el término de un mes podrían estar presentado el proyecto de ley de arbitraje comercial- internacional.
“De Latinoamérica somos los únicos que no estamos adheridos a esta ley modelo y esto provoca que muchos países no vengan a invertir”, remarcó Díaz Cordero.

Otras iniciativas
Desde el Ministerio de Justicia de la Nación también se está trabajando en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que podría demandar al menos un año, explicó la funcionaria a este medio. “El ministro no quiere una reforma del Código sino un nuevo Código Procesal Civil y Comercial adaptado a los nuevos paradigmas, porque así lo exige la misma realidad” destacó.
Y agregó: “ No podemos seguir cosiendo expedientes. El Código Procesal cumplió un ciclo, fue muy bueno cuando fue redactado pero hoy necesitamos un rediseño de todo el sistema de justicia, hace falta cambiar la manera de trabajo, hay que crear oficinas judiciales, y el juez tiene que tener un rol activo en el proceso”.

Falta de recursos
En su viaje a Córdoba, Díaz Cordero visitó los juzgados de Paz de Pilar y se sorprendió por la falta de recursos humanos y materiales con la que trabajan.
“Notamos mucha falta de recursos, en el juzgado de Paz hay sólo un juez y un secretario que tienen que atender múltiples competencias: cuestiones vecinales, de violencia familiar. otras relativas al Código de Faltas, son múltiples tareas que es imposible que puedan llevarlas adelante sólo dos personas. Es una situación que excede a cualquiera”, señaló.
En este sentido, la funcionaria se comprometió a llevar un planteo formal para ver de qué manera el Ministerio de Justicia puede colaborar para mejorar la situación, precisó.

Atraer inversiones

El 19 de mayo se realizó la primera reunión de trabajo en la que se discutió la iniciativa “Impulso del Arbitraje”, que propone incorporar en el país el proyecto de Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Ley Modelo Uncitral sobre Arbitraje Comercial Internacional).
En aquella oportunidad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano resaltó la importancia de “incorporar a la legislación argentina herramientas tan relevantes como la Ley Modelo Uncitral, que va en línea con la política adoptada por el Gobierno nacional de atraer inversiones al país”.

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