Dictaminan que orden de suprimir posteo denunciando abuso podría implicar responsabilidad internacional

La Fiscalía considera que debe revocarse la medida cautelar dictada. Sostiene que la libertad de expresión prevalece frente al derecho al honor del demandante y que las redes sociales son un espacio para exponer la violencia

El fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la fiscal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, dictaminaron que corresponde revocar la medida cautelar que les ordenó a Facebook SRL y a Google Argentina SRL eliminar un posteo que denunciaba a un hombre como el abusador de una adolescente, y los enlaces que el buscador genera como resultados al respecto. [privado]

La medida fue reclamada en junio de 2018 por el señalado como agresor, en el marco de una acción de hábeas data prevista en la ley 25326 (de Protección de los Datos Personales), y fue dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa, en octubre de 2019.

La publicación la hizo el usuario “No nos calmamos una mierda” y sostuvo que entre 2006 y 2007 el hombre abusó de una joven que por entonces no había cumplido 15 años de edad.

El posteo fue replicado por otras cuentas de la red social y, luego de ser denunciada ante Facebook, fue eliminada.

La medida fue reclamada en junio de 2018 por quien fue señalado como agresor, en el marco de una acción de hábeas data prevista en la ley 25326 (de Protección de los Datos Personales), dictada por el Juzgado Federal de Santa Rosa en octubre de 2019.

Una nueva publicación fue realizada por el mismo usuario después de la supresión de la original y, según la parte actora, ello causó que lo “escracharan” en su lugar de trabajo, lo que ocasionó su despido.

La decisión fue apelada por ambas compañías y el Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que algunos de los argumentos de las firmas debían ser tenidos en cuenta; y que, en consecuencia, correspondía revocar la cautelar.

Indicó que, de acuerdo con la demanda, el primer posteo -por el que el accionante se agravió- fue retirado por Facebook y que lo que se pretendía eliminar era uno posterior, realizado en la misma cuenta, que criticó la decisión de la red social.

Para la fiscalía, esa publicación no replica la denuncia primigenia aunque menciona al hombre y lo responsabiliza como responsable de abuso, acoso y violencia.

Azzolin y Labozzetta opinaron que “ambas publicaciones no deben confundirse” y que la conexión directa entre la última y los hechos posteriores a los que se refirió el actor no son claros.

En ese sentido, consideraron que en el caso no se demostró cómo los términos de la publicación en particular, que criticó la decisión de Facebook de retirar otra, afectan el honor del reclamante, en la medida en que sus términos “no parecen ser ni insultantes ni vejatorios ni gratuitos”, como establece jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“La verosimilitud en el derecho es, por lo menos, dudosa, al encontrarse en juego el derecho a la libertad de expresión, plenamente aplicable a internet”, alegaron, y consideraron que la exposición pública de actos que podrían constituir violencia contra niños, niñas y adolescentes y de género “se encuadran dentro de los discursos especialmente protegidos y, por ende, no resultan susceptibles de restricción”.

Los agentes resaltaron que el Estado argentino está a obligado por instrumentos internacionales de derechos humanos que lo comprometen frente a la comunidad internacional en materia de derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes y que, por ello, “tiene la obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar las violencias” contra ellos, que incluye las sexuales, “con una debida diligencia reforzada”. Azzolin y Labozzetta citaron un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que alertó sobre que en los países de la región “la ruta que lleva a denunciar la violencia sexual es difícil y muy revictimizante” y que, cuando las víctimas acuden a las instancias estatales -como policías o fiscalías-, se encuentran, generalmente, con un ambiente de discriminación basado en el género.

También ahondaron en el concepto conocido como “brecha de justicia” (justice gap, en inglés), que comprende “la brecha que existe entre un número elevado de denuncias de violencia sexual y los pocos casos que obtienen condenas”.

“Si el Estado debe investigar de oficio diversas manifestaciones de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes para cumplir con la obligación de debida diligencia reforzada que surge de la ratificación de los instrumentos internacionales citados, parece incompatible con ese deber silenciar las denuncias públicas que se hagan de este tipo de conductas -en este caso, en la publicación aparentemente eliminada la víctima relata situaciones compatibles con el abuso sexual durante su adolescencia-”, acotaron.

Así, consideraron que “silenciar” esas denuncias comprometería la responsabilidad internacional del Estado pues “envía un mensaje equivocado a la sociedad de que las violaciones y la violencia sexual son un asunto privado y no público”.

Desde esa perspectiva, adelantaron que la publicación atacada implica un discurso protegido que, además, le genera al Estado una obligación de actuar. “En definitiva, frente a una supuesta colisión entre el derecho al honor y el de la libertad de expresión, este último debe prevalecer en este caso en concreto y por eso la decisión recurrida debe ser revocada”, concluyeron. [/privado]