La Defensora General de la Nación pidió la destitución de dos jueces

El motivo es el pedido de ellos de investigación de una joven que se practicó la interrupción legal del embarazo (ILE) después de haber sido abusada sexualmente. La funcionaria destacó que los magistrados revictimizaron a la niña, desconocieron el derecho vigente y fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal

La defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, solicitó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) que se inicie un procedimiento de remoción de los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, por “mal desempeño”. La presentación fue realizada con base en la fundamentación de sus votos en el marco una causa en la que cuestionaron la interrupción legal del embarazo (ILE) de una víctima de abuso sexual y utilizaron términos agraviantes. [privado]

Según se recordó, el 24 de septiembre último, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal condenó a D.F.Z. a 35 años de prisión por el homicidio de otro hombre, así como por el abuso sexual de su hermana L.E.R., llevado adelante en diversas ocasiones, con violencia y desde que la víctima era muy pequeña. Producto de esos abusos, la adolescente quedó embarazada. En ese marco fue que se realizó la ILE.

Al fundamentar su voto, Anzoátegui consideró que debían extraerse testimonios de la sentencia y enviarlos para que se investigue si se cometió un homicidio o un “homicidio prenatal”, en relación con el procedimiento legal que interrumpió el embarazo. Según dijo, la interpretación que se hace sobre el artículo 86, inciso 2, del Código Penal (CP), las directivas que surgen del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y los protocolos de actuación ante casos de aborto, “son violatorios de la Constitución Nacional, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley 26061”.

Además, entendió que se debía investigar “la conducta de los funcionarios de la Defensoría General de la Nación, de los organismos nacionales encargados de la protección de los derechos del niño, y de los demás funcionarios públicos que intervinieron en los comienzos de este proceso”. El juez Rizzi adhirió íntegramente a las consideraciones y planteos que hizo su colega sobre esta cuestión.

Para argumentar esta decisión, sostuvieron que si bien el hombre condenado cometió “delitos horrendos, incalificables, inauditos”, se ha comprobado en el proceso judicial que “diversos agentes estatales han colaborado, directa o indirectamente, con la comisión de un delito de similar o mayor gravedad que los crímenes que le merecieron al acusado 35 años de prisión”. Continuaron indicando -con relación a la interrupción legal practicada- que “este delito no es considerado tal por el mundo moderno, la ideología dominante y los poderosos de la tierra. Por el contrario, el trabajo de trastocamiento de la realidad al que se ha aludido, ha logrado que lo que es un crimen aberrante sea considerado un derecho, que lo que está mal se vea como un bien”.

Luego, comparó la ILE con un asesinato. “Los médicos (algunos de ellos), otrora ocupados en curar la enfermedad y postergar la muerte, se han convertido hoy (algunos de ellos) en sicarios, asesinos a sueldo”. En esa misma línea, afirmó: “Algún distraído podrá decir que la actuación de los médicos y profesionales estaba amparada por los protocolos elaborados por las autoridades sanitarias. Por mi parte, considero que esos protocolos, así como el fallo de la Corte Suprema, son contrarios a la ley, a la Constitución Nacional y al más elemental sentido de justicia. Más aún: considero que esos protocolos y esos fallos son directamente perversos”.

Revictimización

Al fundamentar el pedido de destitución de los magistados, la defensora General consideró que la decisión de los jueces de iniciar un proceso penal en razón del aborto legal practicado representó “una práctica de revictimización y discriminación, constitutiva de un trato cruel, inhumano y degradante respecto de L.E.R. y su madre”.

“De acuerdo con el mandato constitucional, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8 tenía como misión brindar una respuesta jurisdiccional frente a la comisión de los delitos de abusos sexuales padecidos por L.E.R. Sin embargo, en lugar de ofrecer una reparación para la víctima, los jueces incurrieron en manifestaciones agraviantes tanto para ella como para su madre”.

En consecuencia, expresó la defensora: “…en lugar de ceñir el objeto del proceso a la investigación del abuso sexual, los jueces convirtieron el caso en una oportunidad para investigar penalmente la interrupción legal de un embarazo, lo que constituye, no sólo un error jurídico sino también una forma de violencia institucional”.

En esa misma línea, Martínez expresó que “la decisión de Anzoátegui y Rizzi de denunciar la práctica de un aborto legal constituyó una acción de disciplinamiento para las y los profesionales intervinientes, con consecuencias claras en la protección del derecho a la salud y a la asistencia legal”.

Para finalizar, destacó que “la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal Oral en lo Criminal violó el principio de legalidad, de imparcialidad, la libertad de conciencia y de culto y el derecho a la autonomía personal”.

La extracción de testimonios realizada por los jueces Anzoátegui y Rizzi por considerar que la ILE constituyó un delito “demuestra, en primer lugar, que los magistrados denunciados desconocieron el derecho vigente y, en segundo término, que fundaron su decisión en los mandatos de su cosmovisión personal, lo cual vulnera derechos y garantías de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos”, destacó Martínez.

Antecedentes

La denuncia y pedido de remoción de Rizzi y Anzoátegui se suma al que presentaron la ONG Mujeres x Mujeres, de Tucumán, y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, entre otros organismos. En tanto, en el CMN, el consejero Carlos Matterson, representante de los abogados de la matrícula del interior del país, será el encargado de llevar adelante el proceso. Entre otras medidas, se solicitó información a distintos organismos para saber si los magistrados realizaron la capacitación obligatoria dispuesta por la Ley Micaela. [/privado]