Deniegan relación laboral invocada por un odontólogo con la fundación Cáritas

Al entender que entre un odontólogo y la Fundación para la Asistencia Integral de la Comunidad Cáritas Internacional no existió una relación de dependencia, por falta de subordinación, la Sala 6ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba determinó rechazó la demanda del profesional y validó que hubo una locación de servicios entre ambos.

El vocal Tomás Sueldo indicó que -conforme surge de la relación de causa- Cáritas negó la existencia de relación de dependencia económica y jurídica invocada por el accionante, aunque consintió la realización de labores por parte del demandante bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales como odontólogo.

Así, al analizar las pruebas el juez indicó que la “ demandada - (...) contemplada como persona jurídica privada, se trata de una entidad civil debidamente constituida con asiento en la provincia de Córdoba y autorizada por los organismos de contralor ”.

De ello se derivó que la entidad, “ en tal carácter, contrató los servicios profesionales odontológicos del Sr. R. para atender a los pacientes carenciados de la zona donde estaba ubicada la fundación en barrio Los Boulevares, tal como refirieron los testigos en forma conteste ”.

Por otra parte, el fallo indicó que el actor, paralelamente, tenía su consultorio particular en barrio Marqués de Sobremonte y, además, prestaba servicios como contratado de la Municipalidad de Córdoba.

El vocal sostuvo que “ si bien la fundación accionada, como entidad sin fines de lucro, puede revestir la calidad de empleadora en los términos del art. 5 de la LCT y no ofreció como prueba documental el contrato de locación de servicios continuados celebrado con el Sr. R. -tal como lo invocó en el intercambio epistolar- de conformidad a las previsiones de los arts. 1251 y 1279, la forma escrita no es un requisito ‘ad solemnitatem’ para configurar dicha modalidad contractual ”.

Perito

En este punto, el tribunal reparó que el perito oficial indicó que los pagos efectuados al demandante fueron asentados siempre bajo el concepto de honorarios profesionales, lo que también surge de las facturas tipo “C”, emitidas como IVA Responsable Monotributo que fueron acompañadas por el propio accionante como prueba documental.

En tales condiciones, el magistrado infirió que “queda descartado un supuesto intento de “disfrazar” el pago de una remuneración y que tampoco cabe inferir que la inscripción del actor como monotributista ” fuera una condición impuesta por la demandada para comenzar o mantener la vinculación ”.

Además, la decisión valoró que los testigos depusieron que los profesionales arreglaban los horarios de atención con los colegas y se cubrían entre ellos, incluso durante los períodos que se tomaban “vacaciones” o “viajes”, aunque por una cuestión de organización debieran comunicarlo a los fines de que alguien los reemplazara en el dispensario o en su caso se reprogramaran los turnos con las secretarias, haciendo incluso esta última labor ocasionalmente las mismas autoridades de la fundación.

Asimismo, se corroboró que el profesional “ estaba encargado de organizar a los colegas, los turnos y los horarios, coordinaba cirugías, prótesis y derivaba casos ”.

Luego, el juez extrajo de la testimonial que, “ si bien los turnos los fijaban en la administración, el odontólogo decía los días que estaba en consultorio y si faltaban por enfermedad, por ejemplo, avisaba o presentaba certificado médico pero el día que no iba no cobraba, que no tenían licencias salvo que se las tomaran cerrando la agenda previo aviso ”.

Conclusión

En esa dirección, Sueldo concluyó que el actor “ no estaba sujeto a una subordinación jurídica ni económica, tal como se pretende en la demanda y mucho menos técnica –lo que no fue denunciado- debido a su condición de profesional odontólogo con injerencia incluso en el precio de las prestaciones que les cobraban a los pacientes, lo que disipa las notas de la existencia de una relación regida por la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 21, 22 y cc), aun cuando los bienes muebles e insumos del dispensario fueran de propiedad de la fundación y no hubiera ningún aporte de parte del accionante ”.

Por el contrario -indicó- “ quedó demostrado que éste gozaba de cierta autonomía en la administración de su tiempo de trabajo destinado a la fundación, atendía pacientes propios en su consultorio particular y no estaba sometido a instrucciones o a un régimen disciplinario ”.

En definitiva, en el pronunciamiento se resolvió que la prueba rendida en la causa “ permite tener por desvirtuada la presunción legal de la existencia de un contrato de trabajo (art. 23 de la LCT) sin que se verifique en autos la simulación o fraude a la ley laboral en los términos del art. 14 ib ” y ordenó rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el odontólogo.