ESCUCHARAl finalizar el primer semestre de este año, se registraron 539 causas por crímenes de lesa humanidad en todo el país, en las que fueron imputadas 2.436 personas.
Desde los primeros juicios orales, en 2006, luego de la reapertura de los procesos, se dictaron 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltos 68. Los procesados actualmente son 846.
Los números del proceso de “verdad y justicia” fueron divulgados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que está a cargo del fiscal General Jorge Auat y coordina Carolina Varsky, con base en la información remitida por fiscales federales de todo el país, con el cierre de datos al 30 de junio.
El informe analiza los primeros seis meses del año en materia de persecución penal de los delitos de lesa humanidad y advierte de los obstáculos que subsisten en los procesos. El documento aclara que, si bien estas barreras ya habían sido identificadas en informes anteriores, «resulta preocupante su persistencia y en algunos casos su intensificación, luego de una década de juicios».
En este nuevo reporte, la Procuraduría se detuvo sobre los factores que inciden en la demora de los procesos, cuyo indicador más relevante es la reducción en la cantidad de sentencias por año: en 2016 sólo se dictaron nueve. En este contexto, menos de 30 por ciento de los condenados tiene sentencia firme y sólo 9 de 112 causas elevadas a juicio tiene fecha de inicio de debate.
«La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio», destacó la Procuraduría.
También analizó los avances en las causas en las que se investiga a funcionarios judiciales y a empresarios y, finalmente, realizó una crítica y advirtió de las consecuencias del reciente fallo de la Sala III de la Cámara de Casación Penal Federal que absolvió a tres militares por la “Masacre de Capilla del Rosario”, Catamarca, perpetrada en 1974, porque consideró que ésos no fueron delitos de lesa humanidad.
Números e imputados
Hay 376 causas en las que aún no se ha dictado sentencia. El número es la diferencia entre las causas registradas y las sentencias dictadas. En ellas, además de los 846 procesados, hay otros 156 con falta de mérito, mientras que 40 fueron sobreseídos y 33 fueron recientemente indagados. En tanto, otras 224 personas han sido imputadas y aún no se las ha convocado a prestar declaración indagatoria.
La diferencia entre imputados detenidos y libres es de 119: con prisión domiciliaria o en la cárcel suman 1.056 personas, mientras que otras 937 están excarceladas y gozan de libertad. «Estas cifras desmienten afirmaciones que sostienen que a los imputados se los detiene sin excepción», indicó la Procuraduría. Hay, además, 48 prófugos. Dieciséis por ciento de los 2.436 imputados, es decir, 395, falleció.
Entre los 1.056 detenidos, hay 106 más en la cárcel (568, 54%) que en prisión domiciliaria (462, 44%). En tanto, 8 imputados están en hospitales y otros 6 se encuentran alojados en dependencias de fuerzas de seguridad. De 12 casos no hay datos.
De los 395 imputados fallecidos, 328 murieron sin ser sentenciados, mientras que otros 67 fallecieron luego del dictado de su condena o absolución.
Juicios largos y menos sentencias
La Procuraduría señaló que se trata de un proceso consolidado, pero con demoras. «Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de ‘agotamiento’ o de ‘baja en el ritmo’ de las investigaciones», indicó.
