Declaran abusiva una cláusula de seguro que obligaba a litigar en los tribunales porteños

El fallo de primera instancia sostuvo que el consumidor puede accionar donde debía ejecutarse el contrato y donde firmó el convenio con la sucursal de la aseguradora

Al considerar abusiva la cláusula contractual de una póliza de seguro del hogar, que establecía una prórroga de jurisdicción y fijaba que, ante cualquier inconveniente con el contrato, el asegurado debía recurrir a los tribunales de la Capital Federal, siendo que se había firmado en San Francisco, Córdoba, donde debía cumplirse, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de ésta rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada BBVA Consolidar Seguros SA y declaró la jurisdicción de ese tribunal para entender en la causa.

Ante la acción en su contra, la aseguradora planteó la referida excepción alegando que en las condiciones generales de la póliza se estableció la competencia de los tribunales ordinarios del lugar de emisión de aquélla, esto es, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), lo que motivó el rechazo de la contraparte por considerar que ello resultaba una cláusula abusiva que restringía su acceso a la justicia, y consideró que la competencia le correspondía al tribunal local, por ser el lugar de concreción del negocio jurídico y domicilio del consumidor.

A su turno, el juez Carlos Ignacio Viramonte sostuvo que el asegurado accionante-consumidor se domicilia en San Francisco; que el siniestro a cubrir ocurrió en su vivienda, sita en esa ciudad; que la prestación reclamada debe cumplirse en ella y que la demandada tiene una sucursal allí, en la que fue citada al proceso, por lo que la cláusula en litigio resulta abusiva pues implica renunciar a los derechos del consumidor.

Para el tribunal, tal cláusula implica una imposición irrazonable a aquél porque para acceder a la indemnización pactada, lo obliga a renunciar a la facultad de demandar en su ciudad, debiendo acudir a tribunales localizados a más de 500 km de su residencia, con los costos y dificultades que ello conllevaría.

El magistrado entendió que la cláusula importaría limitar en la práctica la responsabilidad de la aseguradora, lo que significaría permitirle crear una exigencia para acceder a la justicia que, en no pocas oportunidades, podría tornarse imposible para el asegurado en razón de sus condiciones personales, que lo colocan en una situación de evidente inferioridad.

Posibilidad ilusoria

Por lo expuesto, Viramonte derivó que dicha cláusula puede además importar que los inconvenientes del asegurado en acudir a la justicia transforme en ilusoria su posibilidad de hacer efectiva la responsabilidad de la aseguradora, lo que sin duda condiciona gravemente el derecho del acreedor de acudir a los tribunales.

El juez destacó que todo ello importa una renuncia irrazonable que produce un perjuicio al asegurado-consumidor y una ventaja al asegurador, lo que resulta en un desequilibrio significativo entre las obligaciones y los derechos y desnaturaliza la obligación a cargo del seguro.

El fallo agregó que, como principio general de la competencia territorial, la demanda ha de presentarse en el mismo lugar donde el derecho, de existir, debería o podría ser ejecutado, pues, en atención a esa vecindad, se presupone que es más efectivo e inmediato el proceso, al tiempo que decrece su costo, toda vez que el juez podrá instruir y decidir el litigio en mejores condiciones de inmediación.

Por otra parte, la decisión valoró que, tratándose de una demanda dirigida contra la aseguradora, la intención de la ley es posibilitar a la asegurada el cobro inmediato, y agregó que elementales razones de experiencia común demuestran que, en el caso concreto, ello se logra con la radicación del juicio por ante los tribunales de San Francisco, pues es el lugar donde el asegurado tiene su domicilio y también la aseguradora tiene sucursal o agencia, siendo además donde se ha contratado el seguro y, fundamentalmente, donde eventualmente debe cumplirse la prestación.

Beneficio exclusivo

En definitiva, el sentenciante interpretó que la cláusula de prórroga de competencia en debate “nos conduce derechamente a la conclusión de que ha sido dispuesta en su beneficio exclusivo por la aseguradora demandada, sin atender los intereses de la parte adherente, quien ve restringido su derecho de defensa como consecuencia de la distancia que la separa del organismo judicial”.

De igual modo, observó que la cláusula encuadra en la tipología de cláusulas abusivas establecidas en la resolución 53/03 dictada por la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, en cumplimiento de los cometidos otorgados por la ley de fondo en orden a la vigilancia y control de los contratos de adhesión.

En conclusión, se resolvió que la cláusula resultaba abusiva y debía tenerse por no escrita, y se ordenó que la competencia territorial debe regirse conforme lo dispuesto en el artículo 6, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, resultando competente el tribunal de San Francisco para entender en el proceso.