Crisis de los opiáceos: farmacéutica y distribuidoras ofrecieron millonario acuerdo por demandas, en EEUU

Johnson & Johnson y Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson pagarán más de 26 mil millones de dólares en varias jurisdicciones del país. Cientos de miles de estadounidenses murieron por sobredosis durante los últimos años y la deficiente información sobre las drogas legales generó que haya cada vez más adictos

En Estados Unidos, la denominada “crisis de los opiáceos” causó más de 400 mil muertes entre 1999 y 2018.

Se considera que la dependencia de millones de personas de esa clase de drogas legales es la causante del descenso en la esperanza de vida en el país entre 2014 y 2017. [privado]

Su consumo se disparó a partir de 2013, lo que llevó al presidente Donald Trump a declarar una emergencia sanitaria en 2017.

Ese año, según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), alrededor de 50 mil estadounidenses fallecieron por sobredosis de opiáceos.

Del total de decesos registrados en 2017, 14.500 se le atribuyen al abuso en el consumo de medicamentos para combatir el dolor.

Walmart

En diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de EEUU demandó a la firma Walmart por su papel en la epidemia de adicciones a distintos analgésicos.

Alegó que la cadena -un gigante de la distribución minorista que tiene unos cinco mil locales en el país- admitió recetas sospechosas o inválidas en sus farmacias y que con esa gestión irresponsable de pedidos contribuyó a agravar la crisis de salud pública más grave registrada en EEUU desde el VIH, y antes del coronavirus.

“Como una de las cadenas de farmacias y distribuidores mayoristas de medicamentos más grandes del país, Walmart tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a impedir el suministro de opiáceos recetados”, declaró Jeffrey Bossert Clark, del Departamento de Justicia.

Purdue Pharma, una de las firmas a las que se culpa por la crisis (fabrica el analgésico OxyContin), se declaró culpable de engaño y en 2020 llegó a un acuerdo civil para pagar 8.300 millones de dólares, pero está en quiebra y los debe.

“En cambio, durante años hizo lo contrario: despachó miles de recetas no válidas en sus farmacias y no informó sobre pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos colocados por esas farmacias”, puntualizó.

La parte accionante planteó que los farmacéuticos “deben tomar una decisión difícil”, a saber: aceptar el criterio médico y despachar la receta de opiáceos, o cuestionarlo y negarse a suministrarlos.

En tanto, consignó que, según testimonios de responsables del grupo empresarial recabados durante la investigación, “había que estimular las ventas a cualquier precio” y por eso las recetas se despachaban rápidamente, sin cuestionarlas, con el objetivo de “fidelizar la clientela”.

Walmart reaccionó asegurando que la causa “está menoscabada por violaciones éticas históricas” e “inventa una jurisprudencia” que obliga a los farmacéuticos, de manera ilegal, “a colocarse entre los pacientes y sus médicos”.

Asimismo, arguyó que la demanda estaba “llena de errores factuales” y que seleccionó documentos “sacándolos de contexto”.

En octubre del año pasado, Walmart presentó su propia demanda contra el Departamento de Justicia, argumentando que la fiscalización de las autoridades -que la expone a multas millonarias- la dejó en “un callejón sin salida”.

Denunció que el gobierno estadounidense la trata de manera injusta para responsabilizarla por el consumo excesivo de medicamentos que durante años se recetaron como analgésicos o se consumieron como reemplazo de narcóticos ilegales.

Acusó también a la agencia antidrogas de EEUU, la DEA, de tener animosidad en su contra.

OxyContin

En marzo de 2019, la compañía que comercializa la droga OxyContin, Purdue Pharma, llegó a un acuerdo extrajudicial con el estado de Oklahoma por 270 millones de dólares en concepto de compensación.

A su turno, el accionante denunció la devastación que genera en la población adicta la comercialización del controvertido analgésico, que es 10 veces más potente que la morfina, y está en el mercado desde 1996.

Se trató del primer litigio que se resolvió en el marco de las batallas judiciales que enfrenta la firma, demandada por 37 Estados y 1.600 ciudades, entre ellas, Nueva York.

En octubre de 2020, dos de los propietarios de Purdue Pharma reconocieron ante un comité del Congreso de EEUU que su medicamento tuvo un papel en la crisis.

Según los críticos de la farmacéutica, los esfuerzos de mercadotecnia de la compañía contribuyeron a la suba de las sobredosis y de cuadros de adicción que les costaron la vida a casi medio millón de estadounidenses.

La epidemia de adicción a los opiáceos en EEUU se considera la crisis de salud pública más grave registrada en ese país desde el surgimiento del virus de la inmunodefinciencia humana (VIH) -antes de la pandemia de coronavirus-.

Al momento de lanzar el OxyContin, Purdue Pharma les aseguró a médicos y pacientes que la sustancia era más segura y menos adictiva que otros opioides. Sin embargo, la cantidad de adictos al fármaco empezó a aumentar con el paso de los años.

Ya en 2007, la empresa recibió una demanda por “defraudar a científicos y consumidores”, lo que causó que tuviera que pagar 634,5 millones de dólares en multas.

Con el correr de los años, los reclamos en contra de Purdue Pharma y otras productoras de opioides aumentaron, al igual que la cantidad de adictos a estas sustancias.

Otras disputas

Ahora, en el marco de otras disputas legales, Johnson & Johnson y tres grandes distribuidoras de medicamentos llegaron a un acuerdo por 26 mil millones de dólares con varios Estados del país, para cerrar miles de reclamos de personas afectadas por el abuso de opioides.

Una vez que los gobiernos estatales y locales ratifiquen el pacto, los fondos se destinarán a financiar servicios de prevención y tratamiento de adicciones en las comunidades más afectadas. Además de Johnson & Johnson, suscribieron el pacto las distribuidoras Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson.

El resto del sector farmacéutico sigue litigando con ciudadanos y autoridades locales de todo el país.

Casos

En casi la totalidad de los casos los denunciantes sostienen que las distribuidoras ignoraron las enormes cantidades de envíos de opiáceos prescriptos a las comunidades que más sufren la crisis, y que Johnson & Johnson minimizó la capacidad adictiva de los productos.

“Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen no sólo prendieron la mecha sino que alimentaron el fuego de las adicciones a los opioides durante más de dos décadas. Hoy hacemos rendir cuentas a estas empresas inyectando miles de millones de dólares”, señaló la fiscal General del Estado de Nueva York, Letitita James, en un comunicado. James anunció el acuerdo junto con sus pares de Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva York, Delaware y Luisiana.

Los Estados y el distrito de Columbia (la ciudad de Washington) tienen un plazo de 30 días para revisar el tenor de las propuestas y evaluar el reparto del dinero que ofrecen las compañías.

Las distribuidoras aportan 21 mil millones y Johnson & Johnson cinco mil millones.

Siguen pendientes otros litigios entre Estados y compañías como Teva o Allegran, y cadenas de distribución como CVS o Walgreens, también demandadas, que negocian acuerdos para evitar los juicios.

Pandemia

El año pasado, en plena pandemia, murieron más de 93 mil personas por sobredosis de medicamentos, lo que supuso un aumento de 29 por ciento respecto a la cifra 2019, que ya había batido un récord.