Convalidan despido con causa de un trabajador por entregar mercadería sin autorización

Al observar que quedó acreditada la injuria por la cual fue despedido el trabajador accionante, quien fue quien autorizó indebidamente a un productor agropecuario el retiro y posterior entrega de mercadería de la planta, consistente en 20 bolsas de maíz molido y tres de alimento balanceado para recría, sin el correspondiente remito y orden de carga, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó la casación presentada por la parte actora respecto del rechazo a su pretensión de cobrar la indemnización por despido injustificado.

Sin embargo, al observar que no se dio respuesta a la incorrecta entrega del certificado de trabajo, por contener errores en su confección, en el fallo se ordenó a la demandada Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Consumo Freyre Ltda que realice uno nuevo, bajo apercibimiento de multa.

Quebrantamientos

El Alto Cuerpo - integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Juan Domingo Sesin y Luis Enrique Rubio - al observar la cuestión, indicó que el primer aspecto del planteo era inadmisible, al sostener que “ bajo la apariencia de quebrantamientos lógicos el presentante discrepa con la entidad otorgada a los hechos atribuidos para justificar la injuria, aspecto en cuya determinación el Tribunal de Mérito es soberano, tal como tiene reiteradamente dicho esta Sala ”.

En esa dirección, los supremos apuntaron que “ tras un minucioso cotejo del complejo plexo probatorio del sub examen ”, se comprobó que “el hecho enrostrado al encargado G. tenía suficiente entidad para provocar la pérdida de confianza atribuida”, al hacer hincapié en las testimoniales de F., A., Q., G. y B., “ que evidenciaron que el actor autorizó indebidamente a un productor agropecuario el retiro y posterior entrega de mercadería de la planta (veinte bolsas de maíz molido y tres bolsas de balanceado recría) sin el correspondiente remito y orden de carga ”.

El TSJ continuó analizando que el tribunal a quo entendió que tal actitud “ estaba reñida con la conducta exigida al accionante en virtud del cargo detentado, lo que derivó en la convalidación de la decisión rupturista de la empleadora ”.

Discrepancia

Frente a ello, en la decisión se sostuvo que “ el recurrente discrepa con la conclusión de que ello constituyó un incumplimiento reprochable, para lo cual se involucra con la valoración del espectro probatorio para exponer su propia interpretación -en especial de la testimonial- ”.

Asimismo, el fallo consideró que “ tampoco evidencia la importancia dirimente de lo alegado en torno a las vacaciones si no se hace cargo que fue expresamente analizado por la Sentenciante, sólo que en sentido adverso al pretendido ”, al destacar que con la prueba oral, documental y pericial contable “ derivó que el actor desde el 29 de mayo de 2014 gozó de los días pendientes del periodo vacacional, con antelación al hecho denunciado ”.

Luego, el pronunciamiento indicó que del material colectado se coligió que se trató del mecanismo consensuado entre la cooperativa y los empleados en torno a su otorgamiento y que por ello “ no se trató de un supuesto encubrimiento de una sanción disciplinaria, ni existió violación del régimen previsto a tales fines ”.

En definitiva, en la decisión se resolvió que “ las consideraciones vertidas en el escrito no consiguen mostrar arbitrariedad en la calificación que la a quo efectuó respecto de la conducta verificada ”.

Certificación

En cuanto a la certificación de servicios y afectación de haberes, el TSJ apuntó que la accionada entregó a G. la documental de que se trata, según surge del ofrecimiento de prueba del actor, destacando que en el particular, existieron diferencias por el encuadramiento efectuado (CCT N° 66/89).

Luego, el Alto Cuerpo sostuvo que la sentenciante, pese a que fue expresamente reclamado en la demanda “ nada analizó ni resolvió, motivo por el cual deberá intimarse al empleador a fin de que confeccione una nueva documental en virtud de las circunstancias verificadas ”.

Por todo lo expuesto, en el fallo se resolvió que correspondía casar el pronunciamiento en este aspecto y disponer que la demandada haga entrega nuevamente de las certificaciones de ley -art. 80 LCT- en función de lo acogido en la instancia, en el término de 30 días desde que quede firme el presente, ordenando que vencido dicho plazo, de persistir en el incumplimiento, “ se generarán astreintes equivalentes a un día de salario mínimo vital y móvil por cada día de demora posterior a aquél en beneficio de la accionante y hasta un máximo de 30 días ”.