ESCUCHARPor unanimidad, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y Octavio Cortés Olmedo, confirmó la resolución dictada en marzo por el Juzgado de Río Cuarto, en cuanto dispuso el procesamiento y la traba de embargo sobre los bienes de Atilio Mengo como presunto autor del delito de asociación ilícita fiscal.
Los hechos que motivaron la causa se dieron en 2006. Mengo habría liderado una banda que, con el propósito de evadir obligaciones tributarias emergentes de la actividad agropecuaria, realizó maniobras tales como el reclutamiento de personas de escasos recursos y bajo nivel de instrucción, quienes, a cambio de dinero (aproximadamente $150), se inscribían como monotributistas. Asimismo, adquirían, a su nombre, las cartas de portes necesarias para el transporte de granos.
El a quo consideró probado que Mengo tuvo un papel preponderante en los hechos descriptos; ello así, a partir de su reconocida intervención en la órbita empresarial y de su poder de disposición sobre cuestiones atinentes al giro comercial de las empresas FLG Agropecuaria y Soybeans SA, entre otras.
Entre los fundamentos, en la sentencia se detalló que el pacto ilícito del cual formaría parte el encartado Mengo puede ser ubicado en su inicio a partir de octubre del 2006, fecha en la cual habría acordado con los demás imputados y con productores de cereales aún no identificados, llevar adelante la empresa ilícita que habría tenido por objetivo ocultar al genuino productor y obligado al pago del tributo, valiéndose de sujetos inscriptos al efecto como monotributistas y de documentación espuria, para evadir obligaciones fiscales.
Paralelamente, el tribunal aclaró que no escapaba a su análisis la posibilidad de que otras personas jurídicas hubieran actuado en el hecho, pero destacó que ello no eximía de responsabilidad a las hoy investigadas.
