ESCUCHARLa Cámara Federal porteña rechazó la pretensión del titular del gremio bancario, Juan José Zanola, de que el juez federal Norberto Oyarbide dejara la causa por la presunta utilización de medicamentos adulterados en la ya intervenida Obra Social Bancaria (OSBA).
Los jueces de la Sala II de la Cámara desestimaron el pedido de recusación del magistrado y consideraron que sus declaraciones públicas sobre los avances en la investigación no constituyeron prejuzgamiento.
La decisión de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun abre, virtualmente, la instancia para que Oyarbide inicie las citaciones a indagatoria de los diversos sospechosos, incluidos Zanola, el empresario Néstor Lorenzo y la directora administrativa del Policlínico Bancario, Paula Aballay.
Los abogados de Zanola y de Aballay, Armando Murature, Federico Figueroa y Mario Fenzel, habían pedido la recusación del juez por entender que en sus permanentes declaraciones a la prensa en la puerta de su domicilio había prejuzgado, al sostener la vinculación de su defendido con el tráfico de drogas prohibidas y hasta con el triple crimen de General Rodríguez.
El tribunal recordó que el criterio de la Corte Suprema para la causal de prejuzgamiento requiere para su configuración que el juez haya emitido opinión sobre las cuestiones sometidas a su conocimiento y que no se hallan en estado de ser resueltas, de modo que permita anticipar cuál será su decisión.
Sobre el caso, la Cámara Federal sostuvo que la pretensión de Zanola y Aballay no podía prosperar ya que los dichos del juez no poseyeron la entidad requerida para habilitar el apartamiento intentado, pues en ellas no plasmó juicios de valor que revelaran la existencia de un ánimo adverso, ni permitieron avizorar el modo en que el juzgador habrá de resolver la cuestiones llevadas a su conocimiento.
Declaraciones
Asimismo, los jueces valoraron que las declaraciones de Oyarbide sobre las medidas procesales realizadas, que incluyeron allanamientos, detenciones y el anuncio de citaciones a indagatorias, resultaban insuficientes para sostener con razonable certidumbre que el magistrado hubiera prejuzgado y perdido su imparcialidad frente al caso.
