Confirman que no hubo vínculo laboral entre una médica y los dos nosocomios demandados

El TSJ cordobés concluyó que las pruebas aportadas a la causa no desvirtuaron la presunción de que la galena laboró con base en un contrato de locación de servicios

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó que entre la médica demandante y los hospitales Privado y Raúl A. Ferreyra no existió un vínculo laboral sino un contrato de locación de servicios. Sin embargo, revocó la decisión en cuanto a la imposición de las costas porque consideró que la galena pudo creerse con derecho a litigar.

Ante el Alto Cuerpo, la profesional atribuyó al fallo fundamentación insuficiente y vulneración de la sana crítica racional en el análisis de la prueba, denunciando asimismo apreciación parcializada de la testimonial, y adujo que se encontraba acreditada su subordinación técnica, económica y jurídica los nosocomios nombrados.

En tal sentido, la médica sostuvo que el juzgador no tuvo en cuenta las cláusulas segunda y octava del convenio que suscribió con el Privado y la doctora, de las que surgen que las tareas debían ser acordes con las normas, prácticas médicas y hospitalarias y el reglamento interno del nosocomio y que las ausencias debían ser coordinadas con el jefe de la sección, sin disponer de libertad para organizar la agenda.

M.C.A. dijo que el tribunal a quo se apartó de la presunción legal del artículo 49 del Código Procesal del Trabajo (CPT) respecto de la incomparecencia de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) y el Hospital Raúl A. Ferreyra, señalando por último arbitrariedad en la imposición de las costas.

A su turno, el TSJ integrado por Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo indicó que el planteo acerca de la naturaleza jurídica de la relación entre la médica generalista y el nosocomio era inadmisible.

En tal sentido, el fallo apuntó que la profesional invocó distintos quebrantamientos lógicos reeditando su disconformidad con el razonamiento del sentenciante respecto del contrato de servicios que vinculó a las partes, en tanto se limitó a realizar un relato de los elementos incorporados a la causa, otorgándole un alcance diferente al del juzgador.

Testimoniales

Los supremos consideraron que la galena soslayó que el tribunal entendió, con sustento en las declaraciones testimoniales, que no se evidenciaba la subordinación económica, técnica y jurídica.

En esa dirección, se apuntó que, para el a quo, de los dichos del director médico del Hospital Ferreyra y de un médico clínico de ese nosocomio surge que la accionante recibía meras indicaciones e instrucciones operativas genéricas, cuyo alcance era el de la pura concreción del objeto del contrato, y que sus tareas consistieron en dar atención regular a afiliados a la Apross mediante la organización de un esquema prestacional identificado por turnos, en el que tenía autonomía para fijar sus horarios de trabajo y/o de descanso semanal o anual.

El Alto Cuerpo añadió que la retribución de la accionante estaba determinada por la cantidad de pacientes atendidos y que el dictamen contable posibilitó verificar que percibió sumas variables por cada acto o práctica médica.

En cuanto a la informativa de los bancos, en el caso del Banco Patagonia, el TSJ entendió que la actora pasó por alto que fue rectificada haciendo referencia a que las acreditaciones efectuadas por el Hospital Privado bajo el concepto “Acredit Plan Sueldos C” eran por pago de honorarios, en tanto que por el Banco Macro se determinó que la cuenta correspondía a honorarios.

Finalmente, consideró que no ocurre lo propio con el último agravio, relativo a la distribución de costas.

Soberanía

Al respecto, se valoró que la materia pertenece a la soberanía del juez de mérito y por ello, en principio, la decisión en dicho aspecto escapa al control del recurso extraordinario.

Sin embargo, el fallo observó que la intervención excepcional del Alto Tribunal se vuelve ineludible cuando el veredicto prescindió de circunstancias que muestran arbitraria la solución.

En esa dirección, se destacó que no siempre el hecho de la condena es indicativo de la pauta objetiva emergente de la norma que regula la cuestión, habida cuenta de que el resultado ocasionalmente no traduce sin más la razonabilidad o no del reclamo.

En el caso, el TSJ advirtió de que el modo en que se desarrolló la relación pudo llevar a la actora a considerarse con derecho a litigar, razones que ameritan que las costas sean por su orden, correspondiendo anular el pronunciamiento en este aspecto (art. 105, CPT) e imponer las costas por el orden causado.