Confirman que despido durante período de prueba no se indemniza

La decisión evidenció que la falta de exhibición de los libros laborales no habilita, per se, a considerar no registrado el empleo si surge su formalización de las altas y bajas registradas en los organismos fiscales y de la seguridad social

Al quedar acreditado mediante las constancias de las administraciones Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Nacional de la Seguridad Social (Anses) que el trabajador se encontraba correctamente registrado, por lo cual el empleador podía hacer uso del período de prueba para despedirlo durante los primeros tres meses de la relación de trabajo, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió el recurso de casación presentado por la parte demandada, Tuti de Argentina SRL, y revocó la sentencia del a quo que ordenaba el pago de las indemnizaciones por despido incausado.

La empresa demandada se agravió por la condena al pago de las indemnizaciones derivadas del despido, cuando el actor fue desvinculado en los términos del artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).

En tal sentido, afirmó que carecía de razón suficiente la conclusión relativa a que el empleador renunció al período de prueba, porque la falta de exhibición del libro del artículo 52 ib. no habilita la presunción establecida en el mencionado artículo 92 bis, si se acreditó la registración del empleo.

Apartamiento

La demandada acusó apartamiento de los términos de la litis porque no era materia controvertida la registración del vínculo del dependiente sino una deficiente inscripción de la fecha de ingreso, que a la postre no se demostró.

Al resolver, el Alto Cuerpo integrado por los vocales Mercedes Blanc de Arabel, Luis Enrique Rubio y Luis Eugenio Angulo , después de evaluar la cuestión, indicó que el a quo afirmó que la relación de dependencia tuvo su inicio el 24 de julio de 2012 y que se encontraba en período de prueba al momento de la extinción.

El TSJ continuó considerando que, no obstante ello, el a quo consideró que el vínculo laboral no estuvo formalizado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, incisos a y b, de la ley 24013, por lo que concluyó que el empleador había renunciado a dicho instituto.

Así las cosas, se indicó que el a quo destacó que la patronal en oportunidad de la audiencia de exhibición no acompañó el libro del artículo 52, LCT, por lo que entendió que ello importaba una dimisión a los beneficios de la modalidad de que se trata y, en función de ello, mandó a pagar la indemnización por antigüedad, omisión de preaviso y artículo 1 de la ley 25323.

Razón

Bajo esas premisas, los vocales sostuvieron que le asistía razón al recurrente respecto de la sanción prevista en el inciso 3), último párrafo, de dicho dispositivo, según el texto modificado por la ley 25877.

En esa dirección, el TSJ indicó que la norma establece como condición para valerse de los beneficios de esta modalidad la debida registración del contrato; de lo contrario, se entiende por renunciado el período de prueba.

De ello se derivó que, con el objetivo de lograr el efectivo pago de los aportes y contribuciones a la seguridad social, teniendo en miras combatir el difundido trabajo “en negro”, ello fue cumplimentado por el empleador, según emana de las constancias de alta y baja a la AFIP y de los formularios PS.6.2. de la Anses.

Luego, el Alto Cuerpo valoró que si bien la inscripción en el libro del artículo 52, LCT, es requisito para considerar “registrado” un contrato de trabajo -artículo 7, inciso a), Ley Nacional de Empleo (LNE)-, no resulta razonable entender lo contrario por la mera aplicación del artículo 55, LCT, que sólo establece una “presunción” a favor de las afirmaciones del trabajador sobre las circunstancias que debían constar en tales asientos, no así respecto de su existencia.

Conclusión

Por lo tanto, la sala concluyó que no se verificaba el hecho que activa la operatividad del artículo 92 bis, inciso 3), ya referido, lo que determinó que se anulara el pronunciamiento y se resolviera el fondo del asunto.

Al respecto, el fallo indicó que el inicio de la relación laboral estaba controvertido y el a quo lo fijó el día 24/7/2012; y en cuanto a la extinción, el empleador indicó que ocurrió el 12/9/2012.

En consecuencia, los supremos sostuvieron que, al encontrarse debidamente registrado el período de prueba del contrato de trabajo -tal como se evidenció-, el desahucio sin invocación de causa fue en el marco de las facultades previstas en el artículo 92 bis, LCT, lo que exime al accionado de abonar las indemnizaciones derivadas de la cesantía, con excepción del rubro preaviso que, por no existir constancia de su otorgamiento, debe pagarse.