Condenaron a un enfermero por comercializar medicamentos peligrosos para la salud

El encartado usaba la plataforma Mercado Libre. La pesquisa comenzó por una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. El TOF2 de San Martín (Buenos Aires) le impuso tres años de prisión de ejecución condicional

En la provincia de Buenos Aires, en línea con lo solicitado por el fiscal general Alberto Gentili, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2 (TOF2) de San Martín homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó al enfermero Sergio Castro a la pena de tres años de prisión de ejecución en suspenso y a pagar una multa de 10 mil pesos como autor del delito de comercialización y almacenamiento de medicamentos peligrosos para la salud.

Además, el hombre deberá observar reglas de conducta por el término de dos años.

A principios de octubre de 2020, una farmacéutica que se desempeña en la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, del Departamento de Control de Mercado de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) que una persona comercializaba medicamentos a través de la plataforma Mercado Libre.

Publicaciones

En las publicaciones denunciadas, el usuario mostraba imágenes de las medicinas, brindaba dos teléfonos de contacto y aclaraba que los productos se retiraban en la localidad de San Antonio de Padua o que se enviaban por mensajería a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al Gran Buenos Aires, o por correo al resto del país.

La Ufeci identificó los datos asociados al usuario de Mercado Libre denunciado. Luego, la empresa también aportó información sobre otras cuentas en las que se habían realizado ofertas similares o que se consignaban los mismos teléfonos, también con domicilio en San Antonio de Padua.

Las firmas de telefonía celular Claro y de internet Fibertel también aportaron datos que permitieron identificar a Castro, un licenciado en enfermería que había trabajado en varias clínicas.

Se le dio intervención a la Fiscalía Federal de Hurlingham, que le pidió a la Comisaría Número 2 de Merlo que pusiera en marcha tareas de vigilancia en la vivienda del encausado.

Se comprobó que entregaba paquetes de pequeñas dimensiones a distintas personas a cambio de pagos.

También se estableció que la concurrencia de clientes disminuyó y que Castro cambió de modalidad y comenzó a hacer “delivery” de los productos.

Tratamientos psiquiátricos

En abril de 2021, se ordenó el allanamiento de la vivienda del sospechoso y se secuestraron blisters y cajas cerradas de sildenafilo y tabalafino -drogas utilizadas para la disfunción eréctil y cardiopatías-, y de vivalproato de sodio y aripripazol, que se emplean para tratamientos psiquiátricos.

También se incautaron dos computadoras, un teléfono celular, sobres de papel madera y celofán y etiquetas con datos de destinatarios.

De acuerdo con un informe elaborado por la Anmat, los medicamentos secuestrados estaban registrados bajo la condición de “venta bajo receta archivada”, por lo que sólo podían ser dispensados por profesionales farmacéuticos.

Hace un mes se celebró una audiencia de juicio abreviado.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso que -desde fecha incierta y hasta el 30 de abril de 2021- el acusado vendió medicamentos peligrosos para la salud en Mercado Libre y que luego los distribuía “sin autorización y fuera de un establecimiento habilitado que contara con un profesional responsable y autorizado”.

Para el fiscal, el enfermero puso en riesgo la salud de las personas.

La defensa consensuó la propuesta de la fiscalía y el juez homologó el acuerdo.

Consideró que Castro “disimuló el carácter nocivo” de las sustancias al omitir advertir en sus publicaciones de los peligros para la salud que puede ocasionar su ingestión y que, tal como surge del informe de la Anmat, como su condición de expendio era “venta bajo receta archivada” debían ser comercializadas exclusivamente en farmacias y bajo prescripción médica.

“Castro no cumplió con ninguno de los requisitos estatuidos por las normas reglamentarias para la importación, exportación y fabricación, fraccionamiento, circulación y expendio de sustancias toxicomanígenas”, resaltó el sentenciante, quien, finalmente, recordó que el encartado, por su profesión, sabía lo que hacía.