ESCUCHAREl suspendido magistrado mendocino está acusado de cobrar coimas para favorecer a detenidos. En la primera audiencia se sentó junto con su esposa e hijos, también imputados en la causa. Se espera que declare antes de que comience la ronda de testigos
El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza dio inicio este miércoles al megajuicio que tiene como principal acusado al juez federal de esa provincia, Walter Bento.
En la primera audiencia del debate -que se estima podría tener una duración de un año-, el suspendido juez federal ocupó las primeras filas de la sala de audiencias junto con su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Nahuel y Luciano.
Bento tiene procesamientos confirmados con prisión preventiva, pero la restricción de su libertad no se puede hacer efectiva por sus fueros.
La causa cuenta con medio centenar de cuerpos de expedientes y unos 250 testigos que desfilarán ante el Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza que lo juzga.
El suspendido juez está acusado de ser el líder de una asociación ilícita de despachantes de aduana y abogados que requerían dinero y bienes inmuebles a presos a cambio de favores procesales para los detenidos en causas de contrabando y narcotráfico.
En forma paralela, enfrentará el mes que viene un jury en el Consejo de la Magistratura de la Nación en el cual -si resulta destituido- perderá sus fueros y quedará detenido habida cuenta de que se le dictó prisión preventiva por los graves cargos que pesan en su contra.
La primera audiencia tuvo lugar en la sala del primer piso de los tribunales federales de Mendoza y comenzó, como es de rigor, con la lectura de la acusación.
Además de Bento y su familia, son juzgadas otras 29 personas. Se los acusa de 15 casos de cohecho activo (sobornos), lavado de activos, enriquecimiento ilícito, violación de secretos, violación de deberes de funcionario público y falso testimonio.
La lista de 29 imputados la integran: Alfredo Aliaga, Carlos Federico Barón, Martín Bazán, Marcos Adrián Calderón, Mariano Enrique Castro, Leandro Emanuel Cirot, Walter Aníbal Costa, Enrique de la Cruz Rodríguez, Daniel Gonzalo Martínez, Jéssica Miere, Jorge Omar Miranda, Juan Carlos Molina, Eugenio Nasi, Cristian Oliva, Javier Santos Ortega, Omar Armando Rodríguez y José María Sanguedolce. Todos estos por cohecho activo agravado.
Se estima que sólo la lectura del requerimiento de elevación a juicio insumirá ocho jornadas. Las audiencias serán en tres días a la semana: miércoles, jueves y viernes, cada 15 días, que arrancarán a las 9 y terminarán cerca de las 16.30.
En la primera audiencia, el abogado del magistrado adelantó que éste tiene previsto declarar al comienzo de la ronda de testigos. Cabe destacar que su anterior letrado, Mariano Cúneo Libarona renunció a la defensa y lo reemplaza Mariano Fragueiro Frías.
Durante la audiencia, una docena de uniformados, tanto de la Policía Federal como del Servicio Penitenciario Federal, custodiaron la sala de debates ante la presencia de nueve procesados que están privados de su libertad.
El Tribunal está compuesto por las juezas Gretell Diamante, Eliana Beatriz Ratta Rivas y María Carolina Pereyra, y también fue designada como cuarta magistrada Carolina Prado.
A lo largo del debate oral la Fiscalía intentará demostrar que entre los acusados existió “un acuerdo, al menos desde el año 2007, de más de tres personas destinado a la comisión de indeterminada cantidad de delitos con el propósito de obtener dinero y/o bienes a cambio de la obtención de beneficios judiciales ilegítimos en los casos en que intervenía el Juez Bento”.
Quién es Bento
Walter Ricardo Bento asumió el Juzgado Federal N°1 de Mendoza con competencia electoral en 2005 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Siempre se le adjudicaron contactos políticos fuertes y un poder enorme en la justicia federal local. Además de juez federal en causas del fuero criminal y subrogar a otros jueces, es juez de competencia electoral. Fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura de la Nación a fines de mayo pasado, cuando se decidió promover en su contra un proceso de destitución por presunto «mal desempeño». Por esta razón, por el momento sólo cobra la mitad de su sueldo.
