Cobrará manutención estatal porque el padre de su hijo fue baleado por prefectos

Al admitir el recurso de la parte actora y revocar el decisorio que no admitió la tutela anticipada que pidió, la alzada recordó que no hay impedimento para aplicar analógicamente las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el Código Civil

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal estableció que el Estado deberá abonarle a una mujer una suma mensual para la manutención de su hijo menor de edad; ello así, porque es responsable por la muerte del padre de aquél, quien perdió la vida porque fue baleado por un grupo de prefectos.

El tribunal se pronunció en ese sentido al revocar el fallo de primera instancia que no admitió la tutela anticipada solicitada por la actora.

Aclaró que si bien el Código Civil (CC) veda la aplicación directa y subsidiaria de sus mandas a la responsabilidad estatal, ello no resulta óbice para la analogía, que deviene necesaria cuando existen lagunas en la ley específica que rige la materia para resolver un caso, lo cual implica recurrir a otras reglas del derecho privado, para sortear vacíos legales.

“No existe impedimento para resolver el caso bajo examen con aplicación analógica de las disposiciones sobre responsabilidad contenidas en el CC, en cuanto fuera pertinente”, enfatizó.

Sin éxito, la Prefectura Naval Argentina sostuvo que el instituto que invocó la parte accionante es de aplicación restrictiva y sólo procede en casos excepcionales, lo que no ocurría en las actuaciones. Añadió que, conforme quedó trabada la litis en el proceso principal, está controvertida la responsabilidad del Estado.

En esa dirección, la alzada explicó que aunque no se apliquen en forma directa los artículos 1710 a 1713 del ordenamiento común, que regulan expresamente el deber de prevención del daño, a falta de disposiciones procesales al respecto tanto nacionales como locales, los jueces “pueden y deben recurrir analógicamente a aquellas normas de fondo”, de acuerdo con las circunstancias de cada caso en particular, para que existan vías procesales que permitan hacer efectiva la tutela preventiva en sede judicial.

“El presupuesto del ‘daño cierto’ al que alude el artículo 1737 del CC se encuentra acreditado”, determinó el tribunal, y recordó que el padre del niño falleció por el accionar de agentes estatales.

“La imputabilidad material, cuya exigencia de procedencia se refiere a que el acto, hecho u omisión sea atribuible a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones, es evidentemente objetiva, teniendo en cuenta la sentencia dictada en sede penal, en la que se acreditó la responsabilidad en el deceso”, subrayó.

Necesidad

A su turno, en representación de su hijo, la actora solicitó el dictado de una medida tutelar anticipada, con el fin de que se le ordenara al Estado abonar de manera mensual la suma de $37.400 en favor de aquél, de dos años en ese entonces, para su manutención.

Expuso que las necesidades del infante quedaron descubiertas a partir de la pérdida de su padre quien, adujo, fue asesinado por la fuerza de seguridad demandada (Prefectura Naval Argentina, PNA), y que su pedido se encaminaba a evitar la producción de nuevos daños y el agravamiento de los ya causados durante el tiempo que insumió la tramitación del proceso principal.

Relató que en agosto de 2018, en horas de la madrugada, cuando su cónyuge conducía una camioneta, cinco agentes intentaron detener su marcha, que aquél quiso eludirlos y que en la persecución dispararon al rodado y uno de los proyectiles le impactó en la espalda, lo que le causó la muerte.

Destacó que los hechos se probaron en la causa penal seguida en contra de los prefectos y fundamentó su pedido señalando que el deceso de su pareja, ocurrido cuando su hijo tenía tan solo un mes, les generó a ambos “una sucesión de perjuicios”.

Bajo esa premisa, planteó que por la falta de recursos que afronta por la ausencia de su cónyuge se veía obligada a solicitar la tutela anticipada.

Sostuvo que hasta que se dicte una sentencia definitiva, el proceso durará varios años y que, entretanto y producto de ello, el daño no sólo no se reparará sino que además se verá agravado por el paso del tiempo, toda vez que el padre de su hijo era el principal sostén de la familia.

Precisó que la víctima trabajaba en un emprendimiento que estaba dando frutos y evolucionaba “rápida y positivamente” y que ella se desempeñaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, para obtener un cargo en planta permanente que le diera estabilidad laboral, y que de repente perdió 50 por ciento de sus recursos económicos, lo que le impedía planificar una vida con el pequeño, así como hacer planes para su óptimo desarrollo y crecimiento.

Efectuó un detalle de los gastos necesarios para la manutención del menor y solicitó que se fijara un criterio de actualización para que la tutela que requerá no se desvirtuara por la inflación.

Sustentó su petición en los artículos 1710 y 1711 del CC y, supletoriamente, en las normas que regulan las medidas cautelares.

Por su parte, la PNA sostuvo que el instituto que invocó la parte accionante es de aplicación restrictiva y sólo procede en casos excepcionales, lo que no ocurría en las actuaciones. Añadió que, conforme quedó trabada la litis en el proceso principal, está controvertida la responsabilidad del Estado, debiendo la contraria acreditar y probar los hechos.

Agregó que no había ninguna razón para que se otorgara la medida solicitada en virtud de que no existió relación contractual alguna entre el Estado nacional (Ministerio de Seguridad/Prefectura) con la mujer, y que la supuesta responsabilidad atribuida fue negada.

Arguyó que es requisito sine qua non para el otorgamiento de la medida excepcional analizada que quien la pide acredite de manera acabada un daño irreparable o de difícil restauración y también la probabilidad de ineficacia de la sentencia final. Entendió que la actora reconoció “estar solicitando que se prejuzgue en una causa que aún se encuentra abierta”.

En esa línea, afirmó que el proceso criminal citado en la demanda no fue resuelto y que la actora pretendía “un anticipo al pago de una potencial condena”, pese a que ni siquiera estaba acreditada la responsabilidad de Prefectura.

A quo

El juez a quo desestimó la medida tutelar peticionada por considerar que la naturaleza de la acción principal que buscaba el resarcimiento de los daños y perjuicios alegados, cuyo análisis y procedencia, según expuso, supone una amplitud de debate y prueba, excedía ampliamente el ámbito de una cautelar como la requerida.

Así, concluyó que no era posible determinar la responsabilidad de la accionada en los hechos en los que se fundó la acción y obligarla “anticipadamente a asumir el costo de la manutención del menor”.

Agregó que la sola circunstancia de que hubiera un codemandado genérico corroboraba la falta de elementos que permitieran darle verosimilitud a la responsabilidad del Estado nacional en el hecho con el alcance que le endilgó la reclamante.

El magistrado determinó que no era posible calificar de antijurídica la conducta del demandado porque ello implicaría adelantar opinión sobre el fondo del asunto.

La cámara revocó el decisorio de primera instancia y le dio la razón a la reclamante.

Cobrará manutención estatal porque el padre de su hijo fue baleado por prefectos

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