Cayó probation por tentativa de robo otorgada sin acuerdo del fiscal

En su momento, el agente se opuso a la concesión del beneficio porque el encausado tiene una condena en suspenso. El tribunal revisor concluyó que su negativa fundada fue vinculante

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y revocó la concesión de la suspensión de juicio a prueba a un imputado por tentativa de robo a pesar de la oposición de la fiscal Susana Pernas.

En marzo pasado, cuando el Tribunal Oral de Menores Número 2 le otorgó la probation al encausado por el plazo de un año, aceptó su ofrecimiento patrimonial de mil pesos y le impuso distintas reglas de conducta.

Con éxito, la representante del MPF alegó que el juez de grado interpretó mal el caso y explicó que, si bien la escala penal prevista para el delito permitiría la aplicación de la probation, no tomó en cuenta un antecedente del implicado.

La representante del MPF recurrió lo decidido. Consideró que el a quo interpretó mal el caso y explicó que, si bien la escala penal prevista para el delito permitiría la aplicación del instituto -ya que una eventual condena podría ser de cumplimiento condicional-, no tomó en cuenta un antecedente del implicado.

La funcionaria precisó que desde agosto de 2021 pesa sobre él una condena a tres años de prisión en suspenso. Sostuvo que ello impedía el dictado de una nueva, en suspenso, y que el caso debía ser analizado bajo las reglas del concurso de delitos. Alegó también que el monto resultante de la unificación de las penas (de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 del Código Penal) impediría la aplicación de una nueva de tipo condicional, ya que se superaría el monto de tres años de prisión.

Desnaturalización

La fiscal planteó también la desnaturalización de la intervención del MPF en el caso, al concederse la probation sin el consentimiento exigido por la ley, cuando su oposición está debida y razonablemente fundada.

A su turno, el camarista Jorge Rimondi citó jurisprudencia de la cámara en la cual se determinó que la posición de la fiscalía es vinculante siempre y cuando supere “el correspondiente control negativo de legalidad”.

“Los jueces no pueden apartarse de la posición del Ministerio Público Fiscal si ésta se presenta razonable y adecuada a los hechos de la causa y al derecho de aplicación al caso”, abundó.

El magistrado estimó que los argumentos brindados por la fiscal superaron el control negativo de legalidad y que no hubo motivo alguno para que el juzgador “impusiera su criterio”.

Señaló también que lo sostenido por la agente no era irrazonable porque el antecedente que registra el imputado coincide con el tope máximo para admitir una ejecución en suspenso.

“Más allá de que este hecho es anterior, de lograr la fiscalía una nueva condena en autos se encontraría facultada a requerir una pena mayor al mínimo legal, en consecuencia, ineludiblemente de efectivo cumplimiento”, explicó.