ESCUCHARLo hizo en el lanzamiento del comité de crisis en Rosario. Anticipó que enviará un proyecto de ley “antimafias” para tipificar el crimen organizado
Durante el lanzamiento del comité de crisis en Rosario, frente a una nueva escalada de violencia por parte de bandas dedicadas al narcotráfico, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció ayer lunes el envío de un proyecto de ley “antimafias”, anticipó un plan para retirar las armas de las calles de la ciudad y prometió apuntar contra quienes lavan el dinero que genera el tráfico de drogas.
La funcionaria llegó a la ciudad de Rosario acompañada por el ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que el Gobierno nacional anunció la conformación de un comité de crisis integrado por las fuerzas de seguridad federales con la colaboración de las fuerzas armadas.
“Estamos enviando al Congreso de la Nación la ley ‘antimafias’ o ‘antibandas’ que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal antimafia de Italia, que terminó con las bandas italianas, como hizo la ley RICO de Estados Unidos y luego (Nayib) Bukele contra las maras”.
La funcionaria explicó que la iniciativa incluirá “figuras especiales como la del arrepentido, que ya existe, y otras nuevas modalidades que nos permitan ir a fondo contra estas bandas”.
Bullrich aprovechó para cuestionar que el Congreso no haya aprobado la denominada “ley ómnibus”: “Lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad”.
“Esperamos el apoyo de los diputados y senadores nacionales a estas leyes que van a ser el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga”, expresó.
Por otro parte, le pidió a la Justicia “la utilización de la ley antiterrorista”. “Mientras se vote la ley ‘antimafias’ o ‘antibandas’, como le vamos a poner en Argentina, adaptada a nuestras circunstancias, y estemos con toda la operación de saturación, investigación e inteligencia criminal, más la apoyatura logística de las Fuerzas Armadas argentinas, le vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales, a la altura del desafío que tenemos para trabajar contra los narcocriminales terroristas”
«Vamos a tener reuniones con los jueces de carácter reservado», anticipó.
En cuanto al plan para acorralar a las bandas narco, la ministra sostuvo que van a incrementar las operaciones de saturación con especial énfasis en los horarios críticos. En esta primera etapa, serán 450 los efectivos.
Saturación
A su turno, el gobernador Maximiliano Pullaro tomó la palabra y les envió su apoyo a las familias víctimas de los hechos delictivos
“Hay una decisión inquebrantable de terminar con las mafias en Santa Fe», completó.
El gobernador también dijo que fueron convocados efectivos retirados de la Policía para que presten su colaboración en tareas operativas. «La decisión que uno tiene de avanzar es porque la sociedad va a terminar ganando en esta pelea entre ellos y nosotros», señaló.
En los últimos días hubo una ola de terror en Rosario con asesinatos perpetrados por las bandas narco que dominan la ciudad como respuesta a las medidas aplicadas por el gobierno local en las cárceles en las que están detenidos los integrantes de los clanes violentos. El último fue el crimen de Bruno Nicolás Bussanich, un playero de 25 años, quien fue ejecutado a sangre fría cuando cumplía con sus tareas habituales.
Qué es la ley RICO
La Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) conocida por su acrónimo “RICO” es una normativa de EEUU contra la extorsión criminal y las organizaciones corruptas, que fue aprobada en 1970 por el Congreso de ese país y permite la persecución y sanciones civiles por determinados actos delictivos realizados en una empresa. Enumera unos 30 delitos muy genéricos que incluyen fraudes, quiebras, malversación de fondos sindicales, lavado de dinero, etcétera y permite, si se combinan dos de los delitos, avanzar e ir contra todos los miembros de la organización.
La norma también elimina las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia: todos son penados por igual.
