ESCUCHARLa Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el opositor Partido Republicano, aprobó anoche abrir juicio político al secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, por el manejo de la crisis migratoria en la frontera con México.
La decisión representa un fuerte golpe para el presidente Joe Biden justo en un año electoral clave en el que buscará conservar la Casa Blanca y en el que la seguridad fronteriza y la inmigración son dos de los temas que más preocupan a los votantes.
Es la primera vez en 150 años que la Cámara baja del Congreso de Estados Unidos vota una acusación de juicio político a un alto cargo de un gabinete, algo que sólo ocurrió en 1876 el secretario de Guerra William Belknap.
El caso pasa ahora al Senado, que es la cámara que deberá decidir si el funcionario acusado es condenado y por lo tanto destituido, pero el escenario se presenta improbable porque está controlada, aunque de manera ajustada, por el Partido Demócrata.
Los republicanos, que tienen una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes, acusaron formalmente a Mayorkas de no hacer cumplir la ley de inmigración y de haber «violado la confianza pública».
Fue el segundo golpe de los republicanos en su intento de abrir juicio político a Mayorkas después de un estrepitoso fracaso la semana pasada por no haber calculado bien cuántos congresistas habría en el hemiciclo.
La votación de anoche fue muy reñida, pero la balanza se inclinó a favor de la inculpación gracias al regreso del líder de la mayoría republicana en esta cámara, Steve Scalise, tras recibir un tratamiento contra el cáncer.
Se adoptó por un voto de diferencia: 214 contra 213.
El núcleo más conservador de la Cámara actúa al compás del dictado del expresidente Donald Trump, el favorito para la nominación republicana para los comicios de noviembre, que amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.
«Después de una declaración de guerra, la inculpación es posiblemente la potestad más seria otorgada a la Cámara y hemos tratado este asunto como corresponde», dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, muy cercano a Trump.
«Dado que este secretario se niega a realizar el trabajo (…) la Cámara debe actuar», añadió.
La reacción de Biden fue inmediata.
«La historia no verá con buenos ojos a los republicanos de la Cámara de Representantes por su flagrante acto de partidismo inconstitucional que ha apuntado a un servidor público honorable para prestarse a juegos políticos mezquinos», estimó en un comunicado.
Igual de airada ha sido la respuesta del Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Los republicanos «serán recordados en la historia por pisotear la Constitución para obtener beneficios políticos en lugar de trabajar para resolver los graves desafíos en nuestra frontera», afirmó la portavoz Mia Ehrenberg.
Los conservadores llevan meses culpando a Mayorkas de las entradas récords de migrantes, muchos de ellos latinoamericanos.
Denuncian una «invasión» y el «caos» de una «política de puertas abiertas»: solo en diciembre los migrantes o solicitantes de asilo han sido interceptados 302.000 veces en la frontera con México.
La inculpación política -conocida en inglés como impeachment- se desarrolla en dos etapas.
En primer lugar, la Cámara de Representantes vota, por mayoría simple, los artículos de acusación. Es lo que hicieron los congresistas por segunda vez este martes.
Tras la inculpación, el Senado, la Cámara alta del Congreso, lo someterá a juicio. Necesita una mayoría de dos tercios para condenarlo, en cuyo caso la destitución es automática y sin recurso.
Los demócratas tienen una mayoría en el Senado de 51 a 49 bancas, lo que implica que todos los republicanos y un número muy importante de demócratas debería votar contra el funcionario de Biden, algo improbable porque muchos republicanos no quieren hacerlo.
Si no se consiguen los votos, Mayorkas será absuelto.
La apertura de un juicio político genera polémica.
El congresista Ken Buck, uno de los tres republicanos que votaron en contra la semana pasada, calificó la medida de «artimaña».
En una carta abierta 25 expertos legales lo consideran «completamente injustificado».
Los demócratas acusan a los republicanos de quejarse de la situación en la frontera y no ponerle remedio.
Se basan en que los conservadores bloquearon en el Senado un acuerdo migratorio bipartidista con más restricciones, que ellos mismos habían pedido, por considerarlo demasiado laxo.
