Apelan sobreseimientos de imputados por integrar asociación ilícita dedicada al fraude electoral

El recurso lo presentó el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. De acuerdo con el expediente, en 2015 la banda captaba a personas de bajos recursos para registrarlas en domicilios de Monte Hermoso para que votaran al Frente para la Victoria (hoy, Frente de Todos) en las elecciones para intendente de ese año

El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez apeló el fallo del Juzgado Federal Número 2 de Bahía Blanca que dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de un grupo de personas imputadas de integrar una asociación ilícita que se dedicó en 2015 al fraude electoral y a otros delitos.

En el recurso, el agente señaló que los nueve miembros de la agrupación investigada, vinculadas con el Partido Justicialista y con el entonces intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández, atrajeron durante ese año a individuos de bajos recursos a esa ciudad balnearia para registrarlos en domicilios falsos, con el objetivo de que estuvieran habilitados a votar en las elecciones.

Martínez señaló que el juzgador no valoró la evidencia recopilada ni las pruebas incorporadas y que no efectuó un análisis profundo sobre la intención de los encartados.

El titular de la Fiscalía Federal Número 1 bahiense destacó la existencia de una asociación ilícita, en contraposición con la desestimación del juzgado, que consideró que el único delito existente fue el de falsedad ideológica de instrumento público y procesó a dos encausados por ello.

El titular de la Fiscalía Federal Número 1 bahiense destacó la existencia de una asociación ilícita, ante la desestimación del juzgado, que consideró que el único delito existente fue el de falsedad ideológica de instrumento público y procesó a dos encausados por ese delito.

Uno de ellos es Oscar Bertin, ex director del Registro de las Personas de Monte Hermoso, incriminado por nueve hechos.

Sin embargo, de acuerdo con la imputación de la fiscalía, varios encartados prestaron sus domicilios personales para la registración de personas que no residían en Monte Hermoso.

En ese sentido, precisó que en el domicilio de un imputado se registraron nueve personas, en otro siete y en otro cinco.

Nulidad

El sentenciante dispuso la nulidad de las declaraciones testimoniales de las personas cuyos domicilios fueron cambiados, por considerar que éstas no eran víctimas sino imputados.

En su recurso, Martínez sostuvo que era irrazonable entender que formaban parte del entramado delictivo.

Sobre ello, destacó que se trataba de personas humildes que únicamente se vieron favorecidas con exiguos beneficios, como la obtención del DNI o el carnet de conducir, y que su calidad de damnificados surge de sus propias declaraciones.

En ese sentido, alegó que tampoco se veía afectada alguna garantía constitucional al recibirse las testimoniales anuladas por el juzgado, debido a que el derecho a la no autoincriminación se dirige a quien pudiere resultar imputado de un delito y no impide valorar o introducir tales dichos como prueba en el proceso.

Pesquisa

Según la pesquisa, la organización captaba a personas de bajos recursos de otras ciudades para registrarlas con un domicilio falso en la localidad de Monte Hermoso, bajo la promesa de darles algún beneficio, como vales de nafta o subsidios.

Una vez que realizaban el cambio de domicilio, ingresaban al padrón electoral de Monte Hermoso.

En las elecciones celebradas en 2015, fueron trasladadas en transportes -cuyo pago, sospecha la fiscalía, provenía de fondos públicos- a la sede del partido Frente para la Victoria (hoy, Frente de Todos) de Monte Hermoso y, finalmente, a las escuelas donde debían sufragar.

En todo ese camino, según la imputación, eran condicionados a expresar el sufragio en favor de esa agrupación política.

Al apelar, la fiscalía destacó que entre las intervenciones telefónicas hay una del hermano y mano derecha del intendente, en la que manifestó: “Parece un hotel mi casa, tengo como 50 cambios de domicilio”.

Paralelamente enfatizó que, en otro diálogo, su interlocutor le refiere que “hay que mirar en el padrón si está el que le diste la zapatillita, el otro que le diste el subsidio para que vaya a correr”.

El agente expuso que para concretar su plan criminal la organización se valió de personal de la Municipalidad de Monte Hermoso, con cargos gubernamentales cercanos al intendente, y de punteros de calle que captaban a las víctimas y hasta ofrecían sus propios domicilios para hacer figurar potenciales electores, con el objeto de beneficiar la continuidad de Fernández, intendente de la localidad balnearia al momento de los hechos.

En febrero de 2020, la fiscalía solicitó el procesamiento de las nueve personas involucradas, por conformar una asociación ilícita destinada a la realización de una maniobra compleja.