Anulan donación de inmueble por no estar el donante en uso de sus facultades mentales

Conforme lo expresado en la decisión, los beneficiarios de la acción conocían la afectación del testador

Al interpretar que la cámara a quo fue clara en establecer que la finalidad del pleito era indagar si el donante se encontraba en uso de sus facultades intelectuales para comprender el acto jurídico cuya nulidad se planteó -la escritura de donación- y no de un juicio de restricción de capacidad, en el cual deben seguirse otros parámetros, la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) consideró bien denegado el recurso de casación y rechazó la objeción de los demandados, quienes cuestionaban la nulidad de la donación realizada en su beneficio.

El Alto Cuerpo integrado por Marta Cáceres, Domingo Sesin y Luis Angulo observó que los recurrentes denunciaron que la resolución en crisis se encontraba viciada de nulidad por carecer de fundamentación legal pues -según su interpretación-, la cámara concluyó que la donación realizada por el actor fue nula porque padecía una discapacidad mental en contradicción con todo el sistema normativo que regula la limitación de la capacidad de las personas (Código Civil, Ley de Salud Mental N° 26657, Código Civil y Comercial -CCyC- y ley provincial N° 9848).

Núcleo

El TSJ entendió que la alzada procedió a juzgar el recurso de apelación de los demandados -cuyo núcleo coincide con las críticas expuestas en esta sede- y expresamente aclaró que la controversia ninguna relación tenía con el proceso previsto para declarar restricciones a la capacidad de una persona.

En ese orden de ideas, el fallo indicó: “En el presente caso, no estamos en presencia de un trámite para declarar restricciones de incapacidad y/o internación de una persona con el consiguiente régimen de apoyo, seguimiento y rehabilitación propio del caso. Este sistema normado en el CCyC de acuerdo con los parámetros ya establecidos en la Ley de Salud Mental, tiene un cometido distinto del que nos ocupa en este pleito. Lisa y llanamente en este proceso se trata de indagar si el Sr. A. D. S. se encontraba en uso de sus facultades intelectuales para comprender el acto que ha sido impugnado de nulidad -una donación inmobiliaria-. Para ello, es necesaria la opinión científica que corrobore o no dicha condición en esa situación; ni más ni menos”.

El fallo entendió que la demandada reiteró que se había prescindido de los preceptos que sustentan el sistema de limitación de la capacidad y que, en definitiva, la cámara determinó la “discapacidad” del Sr. A. D. S. con base en sospechas, indicios y elementos de prueba insuficientes; por lo que, no habiéndose hecho cargo de tal aspecto central del fallo, el recurso no podía prosperar, en tanto deja incólumes los argumentos en que se fundó la decisión. Por lógica consecuencia, lo expuesto permite descartar las críticas dirigidas a cuestionar la eficacia de ciertos elementos de prueba que, a criterio de la recurrente, no podían ser valorados para limitar la capacidad de la persona.

Reproches

Asimismo, el TSJ valoró que los reproches relativos a la forma de realización del peritaje -es decir, sin respetar los requisitos establecidos por el artículo 152 ter, CCyC, con una antigüedad superior a cinco años desde la celebración del negocio- así como la crítica respecto al valor indiciario que el tribunal habría asignado a las internaciones previas, omiten -nuevamente- la premisa de derecho fijada por la cámara, que precisó que “aquella crítica que redunda en que el peritaje rendido en la causa no ha sido realizado por el equipo interdisciplinario, es pasible de la misma amonestación que efectuamos en el acápite anterior relacionado con la aplicación en el tiempo de la ley (…) A todo evento insistimos en que sólo interesa en este pleito la capacidad intelectiva y volitiva de una persona relacionada exclusivamente con la suscripción de un acto en particular (…)”.

En otras palabras, el TSJ indicó que la interesada se circunscribía a exponer cómo debería haber sido -según su perspectiva- la correcta valoración de la prueba, de manera tal que el contenido de las censuras importaban una simple expresión de disconformidad con el acierto intrínseco del temperamento sustancial asumido por el tribunal, sin lograr aislar los vicios de naturaleza formal que se anunciaron en la interposición del recurso.

Conclusión

La decisión aclaró que tampoco es admisible la contradicción o incoherencia que se atribuye a la resolución, basada en que los argumentos expuestos por la cámara al rechazar la acción en contra de la escribana, demostrarían que A. D. S. sí se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, al sostener que las afirmaciones que se reputan antitéticas entre sí refieren a objetos diversos -por un lado, a la afección que padecía A. D. S., y por el otro, al eventual conocimiento que de dicha circunstancia podía tener la escribana- de manera tal que no cabe predicar antagonismo a su respecto.

Además, indicó que el a quo se ocupó de brindar las razones que lo llevaron a confirmar la declaración de nulidad del acto jurídico, en razón de la afección que aquejaba a A. D. S. al momento de su celebración y, paralelamente, explicó por qué dicha situación debió ser conocida por los restantes codemandados pero no por la escribana interviniente.