ESCUCHARInauguró ayer un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso con este punto como eje de su discurso. El Banco Central ya elevó a la Sigen y la Oficina de Anticorrupción documentación sobre ese asunto. Además, el Jefe de Estado impulsará nuevas reformas en la Justicia.
El Presidente de la Nación Alberto Fernández inauguró este lunes el 139° período de sesiones ordinarias del Congreso, en el marco del tránsito de su segundo año de mandato y en un período caracterizado por el efecto económico de la pandemia de coronavirus y las elecciones de medio término.
En su exposición, además de una férrea defensa de las principales políticas públicas implementadas en 2020 que permitieron aliviar el impacto de la crisis sanitaria en la economía, se destacaron dos puntos principales que marcan la agenda del Gobierno en 2021.
En primer lugar, el Jefe de Estado anticipó que se iniciará una “querella criminal” para determinar los responsables del endeudamiento reciente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$44 mil millones, deuda contraída bajo la administración de Mauricio Macri y que cuyas condiciones de reestructuración se encuentra negociando el actual Gobierno desde el año pasado.
En segundo lugar, se anunció una serie de medidas que serán impulsadas para avanzar en distintos aspectos de la reforma judicial que el Presidente ya había anticipado en su discurso de asunción a fines de 2019 y ratificado también en el Congreso nacional al inicio del año legislativo de 2020.
Sobre el primer punto, Fernández dijo que en 2018, “cuando el país perdió el acceso al financiamiento internacional, el gobierno anterior solicitó el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Los US$44.000 millones de dólares recibidos por Argentina se esfumaron antes (de) que asumamos nuestras funciones en diciembre de 2019”.
En este marco, agregó también que la concesión de tal préstamo fue favorecida por la administración de Donald Trump (entonces presidente de Estados Unidos) para respaldar el plan que implementaba Juntos por el Cambio, según -indicó- se conoció recientemente “por boca del mismísimo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo”.
Así, con el objetivo de que finalicen “las aventuras de hipotecar al país”, el jefe de Estado precisó que las autoridades pertinentes en la material iniciarán formalmente una “querella criminal” para que “los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo”.
Además, catalogó la toma de aquel préstamo como “la mayor administración fraudulenta” y la “mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En tanto, el mandatario aseguró que la Oficina de Evaluación Independiente del FMI también tiene en su poder nueve propuestas de investigación entre las cuales se encuentra la “política de acceso excepcional” a créditos implementada durante la gestión de Christine Lagarde, destacando particularmente el caso de Argentina. Así, el Gobierno pondrá a disposición de esa dependencia toda la documentación que posee actualmente.
Vale señalar que esta noticia se conoce justamente en el marco del tramo final de las negociaciones con el FMI, ya que -tal como anticipó recientemente el ministro de Economía Martín Guzmán- se espera que un nuevo acuerdo se concrete para el mes de mayo, para luego avanzar en las conversaciones con el Club de París.
Es así que, considerando que lograr un mejor contexto en materia financiera y de vencimiento de deudas es clave para la economía del país -sobre todo en un contexto de pospandemia-, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió ayer a la tarde un comunicado para precisar el inicio de las investigaciones correspondientes a esta estrategia oficial.
La autoridad monetaria nacional informó que elevó a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Oficina Anticorrupción la documentación vinculada al último acuerdo firmado entre el país y el FMI “para determinar si se generaron perjuicios al Estado”.
Según precisó la misiva, el BCRA solicitó la realización de una auditoría específica para evaluar “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”.
En términos generales, el BCRA explicó el comunicado de prensa que en el requerimiento de investigación se sostiene que los expedientes que originaron los dos acuerdos firmados con el organismo multilateral de crédito “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas” con la entidad.
Los datos presentados para la investigación aseguran además que “entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de US$44,5 mil millones. Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los US$45,1 mil millones”.
Se espera que con la documentación presentada, la Sigen y la Oficina Anticorrupción determinen si existieron los incumplimientos.
Poder Judicial
Por otro lado, en materia judicial, Fernández indicó en su exposición ante el cuerpo legislativo que «el Poder Judicial de la Nación está en crisis” y que actualmente constituye “el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”.
En este punto, aseguró que “sus miembros (jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios) disfrutan de privilegios de los que no gozan ningún miembro de la sociedad”.
Luego de enumerar algunos aspectos relacionados a esta cuestión, el primer mandatario anunció que propondrá reformas para el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, procurando “establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias”, propiciando también “que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado arbitrariedad sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”.
También se elevará un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial y otra iniciativa que reformule el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
“Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, dijo el Presidente.
En tanto, se promoverá la creación de un Tribunal Federal de Garantías con competencia exclusiva en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario.
Además, se propiciarán los juicios por jurados para los delitos graves que se cometan en el ámbito federal.
Esto se suma al proyecto de ley que reformula el funcionamiento del fuero federal que ya obtuvo media sanción por parte del Senado y espera ser debatido en Diputados, y la iniciativa que se encuentra en la Cámara Baja para reformular la ley que reglamenta aspectos vinculados a la selección del titular del Ministerio Público.
Otros proyectos que impulsará el Ejecutivo en 2021
En el marco de su discurso en el Congreso de la Nación, el presidente Aníbal Fernández precisó otros proyectos e iniciativas que serán trabajadas durante este ciclo.
Una iniciativa promoverá el cultivo de cannabis exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial.
Se propondrán mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos.
Se impulsará una política nacional para mejorar la disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos y las condiciones de trabajo de los recuperadores urbanos.
El Gobierno impulsará la creación de nuevos parques nacionales en seis provincias para preservar la biodiversidad.
La administración nacional convocará a la construcción de un Acuerdo Federal por la Igualdad Educativa, avanzando en la creación de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
En materia de conectividad, se continuará desarrollando una red federal de fibra óptica.
Se promulgará la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación con el objetivo de garantizar el incremento progresivo y sostenido de su presupuesto en la próxima década.
El Gobierno se propone avanzar en materia de género y se pondrá en marcha el Programa de Acceso de Derechos para personas en situación de violencia.
Se continuará el diálogo intersectorial en materia de salarios, precios e inflación que se inició recientemente.
Habrá novedades en materia del impuesto a las Ganancias, tarifas de servicios públicos, hidrocarburos y movilidad.
Se continuará impulsando la obra pública, fortaleciendo los programas de acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables. También se conocerán novedades en material ferroviaria y de hidrovías.
Otras novedades estarán relacionadas con el incentivo a la producción, el consumo y la inversión en el sector privado.
