ESCUCHAREl ministro de Justicia de la Nación anunció que impulsará un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y por cualquier delito. “Sea un hurto, robo o abuso, el chico ya demuestra una personalidad que merece atención y sanción”, estimó Mariano Cúneo Libarona.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario afirmó que aquélla edad es la que fija la casi treintena de proyectos que se presentaron sobre el tema y no tuvieron acogida legislativa.
Además, dijo que la iniciativa que enviará al Congreso procurará garantizar la reinserción social y el acceso a la educación de los menores que resulten condenados.
Al ser consultado sobre si tiene puntos en común con la que presentó Germán Garavano durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2019, explicó que su idea de contar con un sistema procesal específico. “Tiene que ser distinto el tribunal especializado, con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima, y debe tener un sistema mucho más rápido que el juicio de mayores”, detalló.
Por otro lado, sostuvo que “no sirve” que un joven vaya a una cárcel donde hay capacidad para 200 chicos, pero aloja a 350. “Salen peor que como entraron y después pasan al régimen de mayores. Es espantoso”, juzgó.
Por ello, Cúneo Libarona adelantó que se hará hincapié “en la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo”.
“No creo en la sanción. Tenemos que darle herramientas para poder reinsertarse en la sociedad. Démosle otra oportunidad. No hagamos como con el mayor de 50 que ya tiene su personalidad formada y entra en la cárcel así nomás”.
“Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y te hace graduaciones según la edad. Empieza hasta con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto”, sumó. “Al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa”, agregó.
Régimen
El texto que planea presentar Cúneo Libarona cuenta con el aval del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, quien se mostró a favor de tener un nuevo Código Penal y Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad.
“El que las hace las tiene que pagar”, sostuvo el legislador nacional y referente bonaerense de la coalición.
En 2022, Santilli promovió una iniciativa denominada “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” que contemplaba bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años, con el foco puesto en, según fundamentó, revertir “los efectos del delito en la sociedad”.
Para ello, prevé que los adolescentes que cometan delitos se hagan responsables de sus actos y que reparen los daños que causaron.
MPF
Por otro lado, Cúneo Libarona manifestó que que tiene en agenda la conformación de una Fiscalía especial dedicada a la corrupción bajo el ámbito del Ministerio Público Fiscal (MPF).
“No la llamaría Conadep contra la corrupción, sino fiscalía especial dedicada a la corrupción”, expresó en otro tramo del reportaje.
“El tema de la corrupción es prioritario. Yo voy a perseguir la corrupción más que nadie, pero a través de los roles que corresponda. Los fiscales de juicio oral son buenísimos. Entonces, ellos son quienes tienen la tarea de investigar”, concluyó.
En otro orden, anunció que en marzo va a “exhumar carpetas” con el objetivo de dar a conocer el nombre que postulará el Gobierno nacional para ocupar la vacante dejada en la Corte Suprema por la renuncia de la jueza Elena Highton, en octubre de 2021. “Las juezas mujeres me encantan. Son buenísimas”, respondió el ministro acerca del sexo del próximo ministro de la máxima instancia.
Hasta diciembre hay una vacante en la Corte Suprema. Luego podría generarse otra, cuando el cordobés Juan Carlos Maqueda cumpla 75 años.
Además, el abogado penalista dijo que presentará como candidato a la Procuración General de la Nación al actual presidente de la Cámara del Crimen, Marcelo Lucini. Destacó que tiene más de 40 años de experiencia en los tribunales, que es profesor universitario, académico e “intachable”.
A la fecha, el interinato del jefe de los Fiscales de la Nación, Eduardo Casal, es el más largo de la historia.
Por último, Cúneo Libarona indicó que una de sus metas para 2024 es el establecimiento del juicio por jurados en todo el país. “Nadie va a dudar de un jurado. Quiero que la gente comprenda cómo es la Justicia para cambiar la imagen”, sostuvo.
Desde que asumió, el letrado planteó como parte de su agenda dejar de lado la confrontación con el Judicial de la anterior administración y dotarlo de más autonomía financiera.
Nulidad
Por lo pronto, todo indica que el juicio político a la Corte impulsado por el kirchnerismo naufragará.
La semana pasada, los diputados nacionales Sabrina Ajmechet y Damián Arabia (PRO) presentaron una iniciativa para que se declare inválido y nulo.
Sostuvieron que “fue un circo que comenzó el kirchnerismo el verano pasado y se extendió durante todo el año buscando algún rédito electoral”.
En la misma línea, dijeron que se lesionaron garantías constitucionales y que se violentó el reglamento en la Cámara Baja.
A través de un proyecto de declaración, reclamaron que cese lo que definieron como una persecución política.
“La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados y por orden del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades, siendo guiado por intereses meramente partidarios”, plantearon.
Con el respaldo de sus pares Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Hernán Lombardi y Laura Rodríguez Machado, entre otros, alegaron que el proceso buscó presionar a los magistrados “enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias”.
Bajo esa premisa, destacaron que no hubo razones para iniciar aquel procedimiento excepcional y que no existían motivos suficientes para que Diputados acusaran ante el Senado a los supremos.
Cabe recordar que el 7 de noviembre pasado, en medio del proceso electoral, el oficialismo levantó la reunión de la Comisión de Juicio Político. Lo hizo horas después de la difusión de una investigación que involucra a Rodolfo Tailhade, figura clave en el impulso de la embestida contra la Corte.
El día anterior, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una serie de indagatorios, allanamientos y pericias en la causa de espionaje sobre magistrados; entre ellos, los supremos.
Pollicita pidió que se ampliara la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tenía contacto con Tailhade.
Además, el informe de la pericia determinó que el encausado tenía diálogo con Fabián “Conu” Rodríguez, ahora ex subdirector general de Servicio Al Contribuyente de la AFIP.
En Córdoba, Martín Llaryora expresó en X (Twitter) que ratificaba “la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad” y rechazó el juicio político.
Una semana antes, en la misma red social, el gobernador saliente Juan Schiaretti le apuntó al kirchnerismo y a su candidato presidencial. “Una vez más, quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, escribió.
Sesión
En la última sesión de la Comisión de Juicio Político, el 28 de noviembre, a sólo 12 días que empezara el nuevo gobierno y cambiara la composición de Diputados, el kirchnerismo impuso con 16 votos la aprobación del dictamen de mayoría que acusó por supuesto mal desempeño a los cuatro supremos.
De las 14 causales quedaron en pie solo cuatro: el fallo por la coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la sentencia que definió la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación; la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2×1 para delitos de lesa y el caso por presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
