Agencia Córdoba Cultura responde autónomamente como sociedad del Estado

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó una demanda que había sido presentada en contra de la Provincia de Córdoba, cuando los sujetos involucrados eran la accionante y referida agencia [privado]

Al advertir que la acción fue dirigida ante una persona jurídica que es una sociedad del Estado, tal el caso de la Agencia Córdoba Cultura, la Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba admitió el recurso de casación presentado por la demandada Provincia de Córdoba, revocando la sentencia de la Cámara a quo que había rechazado la excepción de incompetencia, disponiendo que las actuaciones volvieran al tribunal de origen, a fin de que la administrada reformulara su pretensión en contra de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado.

El tribunal de alzada rechazó la excepción de incompetencia deducida por la demandada y, en consecuencia, confirmó el decreto de fecha 4 de agosto de 2017 en virtud del cual se admitió la demanda por corresponder a la jurisdicción contencioso administrativa.

Para resolver en tal sentido, la Cámara a quo entendió que, según las constancias de la causa, prima facie, la Agencia Córdoba Cultura se encontraba bajo la órbita del Poder Ejecutivo y que -al no haberse acreditado fehacientemente lo contrario- la excepción debía ser desestimada con base en el principio de in dubio pro administrado.

"La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado es un ente descentralizado, un órgano separado de la Administración central, con facultades propias e independientes, tal como lo establece su propia ley de creación".

Del fallo dictado por el TSJ cordobés.

Contra esa conclusión recurrió la demandada en los términos desarrollados con anterioridad, entendiendo en esencia, que la decisión de la Cámara a quo soslayó los argumentos expuestos por su parte en orden a que no puede demandarse a la Provincia de Córdoba cuando lo impugnado en el caso es un acto administrativo que rescindió un contrato que vinculaba a la actora exclusivamente con la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado.

Constancias

A su turno, el Alto Cuerpo -integrado por Aída Lucía Teresa Tarditti, Domingo Juan Sesin y Luis Enrique Rubio- indicó que las constancias objetivas de la causa reflejan que, en efecto, la Provincia de Córdoba es ajena a la relación jurídica del caso y por ello asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que el pronunciamiento “ha rechazado su excepción incurriendo en una interpretación incorrecta de las normas que rigen la cuestión, y que en el sublite se ha traído a juicio a su parte como demandada, cuando lo que se cuestiona es el obrar administrativo de otro ente jurídico diferente”.

En ese sentido, el fallo sostuvo que la actora Chudnosky impugnó en autos la resolución dictada por el presidente de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, en virtud de la cual se dispuso la rescisión del contrato de locación de servicios que las vinculaba.

Así, el decisorio remarcó que la actora y la agencia son los dos sujetos involucrados en esta cuestión procesal y precisó que la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado es un ente descentralizado, un órgano separado de la Administración central, con facultades propias e independientes, tal como lo establece su propia ley de creación.

Asimismo, sostuvo el TSJ que no cabe aquí al pensar en condenar a la Provincia de Córdoba “dejar sin efecto un acto administrativo que no dictó, ni a revertir el cese de una relación laboral de la que no participó. Observando que es, en cambio, la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado el sujeto pasivo de esta relación y a quien debió demandar la actora a fin de impugnar la situación jurídico subjetiva que le agraviaba”.

Rescisión

Además, el Alto Cuerpo resaltó que “el hecho de que el contrato de locación de servicios cuya rescisión se impugna en esta causa, haya sido prorrogado hasta el 31 de agosto mediante acta suscripta por la Ministra de Gestión Pública de la Provincia, en nada obsta a esta conclusión, pues tal autorización ministerial, prevista en la norma con un efecto de simple tutela o control (art. 51 Decreto 1387/13), nada cambia respecto de la competencia y personalidad jurídica de la Agencia que dicta el acto cuestionado, ente autárquico y verdadero legitimado pasivo de esta acción”.

En definitiva, en el fallo se resolvió que procede hacer lugar al recurso de apelación y anular la decisión dictada por la Cámara a quo en cuanto rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la demandada. En consecuencia, ordenó hacer lugar a la defensa y anular el pronunciamiento en cuanto se refiere a la Provincia de Córdoba, por cuanto “carece de legitimatio ad causam”.