Admiten cautelar e intiman a casino de Mendoza a acreditar el correcto funcionamiento del sistema de ventilación

La Cámara 1ª de Trabajo de Mendoza la Primera Cámara del Trabajo admitió una cautelar contra el Instituto Provincial de Juegos y Casinos por deficiencias en el sistema de ventilación en un local, que no cuenta con ventilación natural y hace que la temperatura suba a registros altos, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores

A raíz de la decisión, la entidad demandada deberá acreditar el correcto funcionamiento del sistema en cuestión de la Sala de Juegos Tradicionales del Casino Central, arbitrando de manera inmediata los medios necesarios y pertinentes para la adecuación de la Sala de Juegos Tradicionales del Casino Central, en lo atinente al sistema de ventilación-refrigeración-extracción de aire viciado, para que los trabajadores puedan desarrollar de manera adecuada, segura y conforme la normativa vigente su labor

El sindicato promovió la acción conforme el artículo 1712 del Código Civil y Comercial (CCyC) y sostuvo que la falta de ventilación multiplica el riesgo de contagio de covid-19, siendo una infracción expresa al protocolo de seguridad para evitar transmisión del virus, aprobado por resolución 2969 del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza.

La normativa expresa en su página 10 que “se deberá procurar una ventilación del aire dentro de la Sala de Juego, reduciendo la recirculación de aire viciado de la sala, y se podrá incrementar el tiempo de funcionamiento del sistema de extracción”.

La jueza Elcira De La Roza admitió la acción iniciada. En primer lugar citó que la Argentina fue condenada por la CIDH, en el caso “Spoltore” -se trataba de un trabajador que reclamaba por enfermedad profesional-. Allí el Tribunal internacional, dijo que el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador se refiere al derecho del trabajador a realizar sus labores en condiciones que prevengan accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Se argumentó que en cumplimiento de las obligaciones de garantizar este derecho, los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamación, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización.

“El empleador tiene el deber constitucional de garantizar condiciones de trabajo dignas y la obligación legal de lograr la seguridad e higiene en el empleo. A dichos efectos, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas de resguardo de la integridad de sus dependientes sino que ello constituye una exigencia derivada del principio de buena fe respecto del buen empleador y lo esperable de éste” afirmó la magistrada.

“Asimismo, la obligación genérica de respeto a las personas y su dignidad adquiere especial relevancia en aquellas relaciones privadas donde existe desigualdad real como son las relaciones laborales e implica la tutela de la dignidad humana en todas sus manifestaciones” concluyó.