Admiten amparo para obtener información sobre Tarjeta Alimentar

La Justicia en lo contencioso-administrativo federal revisó una sentencia de grado que había denegado la petición. Recuerdan la obligación del Estado de dar transparencia sobre su accionar

La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó una sentencia de grado y admitió la acción de amparo deducida contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a fin de que diera cumplimiento con la resolución 2020-231, dictada el 27 de agosto de 2020 por la Agencia de Acceso a la Información Pública, con relación a la denominada Tarjeta Alimentar.

En la causa “Pane, Juan Pablo c/ EN - Mº Desarrollo Social s/ amparo ley 16.986” la acción se hallaba dirigida a obtener que la demandada brindara la lista completa, actualizada a la entrega de la presente solicitud, de los beneficiarios de la tarjeta alimentaria, que forma parte del Plan Argentina contra el Hambre.

La lista solicitada debería incluir nombres y apellidos completos, DNI, fecha de alta de la tarjeta, fecha de finalización (en caso de que ello se aplique), monto mensual recibido desde su inicio y total por persona de los beneficiarios

Obligación

La sala consideró que el Estado tiene la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores.

En tal sentido, la sentencia afirmó que “el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”.

Asimismo, los jueces Luis María Márquez, María Claudia Caputi y José Luis López Castineira citaron el precedente “Cippec” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la doctrina que de él emana, alegando que éste "mantiene absoluta vigencia y actualidad y, por cierto, no ha quedado desactualizada ni se ve desvirtuada o limitada en aspecto alguno por el dictado de la ley 27275, por manera que, dada la analogía temática que tiene con la cuestión aquí debatida, resulta de plena aplicación".

La sentencia expuso que “por un lado, y como se ha visto, dicho precepto habilita la difusión de información que contiene datos personales (bajo la condición de legalidad prevista en la ley 25236) y en su fallo, el Alto Tribunal refiere precisamente a la legalidad del suministro de información que contiene simplemente datos personales (los que distingue de los datos sensibles, que, por cierto, no estaban involucrados en dicho precedente y son ajenos al presente reclamo)”.

La resolución concluye que en aquel precedente “se trataba de la información concerniente a los planes sociales administrados por el Estado Nacional, y que de modo similar a la pretensión que es objeto de esta acción, se ha tenido especialmente en cuenta que aún con particular referencia a programas de asistencia social, la entrega de datos personales básicos en modo alguno es susceptible de agravar o modificar la situación de vulnerabilidad de quienes son titulares y merecedores de dicha asistencia, permitiéndose a la vez verificar la efectividad y eficacia de dicha asistencia, así como si se presentan interferencias o arbitrariedades en su asignación”.