Aceptan desistimiento de joven que reclamaba a su madre cuota alimentaria

La adolescente argumentó que el enfrentamiento por lo pretendido la hace sufrir al igual que su progenitora. En el caso fue representada por una abogada del Niño

Un fallo admitió el desistimiento que resolvió una adolescente -representada por una letrada en el rol de abogada del Niño”- respecto de la cuota alimentaria que le reclamaba a su madre. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz, atendiendo el argumento de la menor, en cuanto a que sufre por el enfrentamiento judicial, dado que éste perjudica el entendimiento con su progenitora. [privado]

Asimismo, el tribunal reguló los honorarios de la profesional que asistió a la niña, ordenando que queden a cargo de los padres de la niña.

La jueza remarcó que “tanto la señora asesora letrada como la terapeuta de S. han manifestado que el proceso resulta dañino para ella y que es necesario que pueda ‘correrse’ de ese lugar”, por lo que resolvió que debe tenerse por desistida la petición de la adolescente.

La jueza Viviana Rodriguez señaló que el tema traído a resolver se refiere al desistimiento que S. L. M. hace respecto de un pedido de cuota alimentaria –superior al solicitado por su progenitor– en contra de su madre A. C. M, agregando que su argumento es que el proceso está dañando su salud mental y que desea alejarse de la discusión respecto de sus alimentos.

A su vez, el fallo consideró que el pedido es avalado por la terapeuta de la adolescente y por la asesora letrada G. G, quien asiste en su representación.

Bajo esas premisas, la magistrada sostuvo que encuentra “razonable” el desistimiento de S. y destaca que enfrentarse con su madre por una cuota alimentaria que -si bien la involucra y ella pueda creer que es insuficiente- es una discusión que deben tener los adultos; sus progenitores, “quienes son los obligados a cubrir sus necesidades básicas”.

Asimismo, la jueza remarcó que “tanto la señora asesora letrada como la terapeuta de S. han manifestado que el proceso resulta dañino para ella y que es necesario que pueda ‘correrse’ de ese lugar”, por lo que resolvió que debe tenerse por desistida la petición de la adolescente.

Honorarios

En cuanto a los honorarios peticionados por la letrada en su rol de “abogada del Niño”, respecto del cual solicitó que -atento a no estar reglamentada la ley 10636, que en su artículo 9 impone los honorarios a cargo del Estado provincial- éstos sean impuestos a los progenitores, teniendo en cuenta el carácter alimentario de aquéllos.

La letrada transcribió el mencionado artículo, el cual establece: “Las costas y honorarios que genere la actuación profesional del Abogado del Niño son a cargo del Estado Provincial. La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria, establecerá las pautas y el procedimiento a los efectos del pago de los mismos, a cuyos fines podrá celebrar convenios con los Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba”.

En ese orden de ideas, la magistrada estimó que le asiste razón a la letrada, argumentando que hasta tanto la ley no esté reglamentada en este sentido, imponer al Estado provincial el pago de los honorarios, tal cual reza la norma, sería obligar a la profesional a iniciar un derrotero administrativo para percibirlos -si quisiera hacerlo extrajudicialmente- o iniciar un proceso de ejecución en contra del Estado.

Además, el decisorio señaló que la autoridad de aplicación,” no ha resuelto todavía cuáles serán los mecanismos para que los letrados puedan cobrar sus estipendios, que -a no dudarlo- son de carácter alimentario. Y que la ley fue publicada en el boletín oficial el 5 de julio del 2019, y a la fecha se encuentra sin reglamentar”.

Por lo expuesto, en el fallo se entendió que los obligados al pago resultan los padres de S., quienes con sus desavenencias han causado que ella sienta la necesidad de intervenir en defensa de sus derechos. En ese camino, estimó que los honorarios de la letrada V. L. serán a cargo de ambos progenitores en partes iguales, y los reguló en la suma de $24.000.