Absuelven a una mujer al entender que fue usada por un grupo narco

El representante del Ministerio Público Fiscal retiró la acusación. Consideró que la encausada fue víctima de una organización criminal que se valió de su apremiante situación económica para que transportara casi tres kilos de cocaína adosados a su cuerpo

En el marco de un juicio abreviado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén homologó el acuerdo al que llegaron la defensa de una mujer acusada por intentar transportar casi tres kilos de cocaína y el titular de la Fiscalía General, Miguel Palazzani, y absolvió a la imputada. [privado]

La mujer -de 63 años y oriunda de la provincia de Salta- quedó detenida en febrero de 2019.

Viajaba en un ómnibus con destino a la ciudad chilena de Osorno. Cuando el vehículo llegó al Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, personal del Fisco y de Gendarmería Nacional, que realizaba un control de rutina, advirtió que llevaba 2,722 kilogramos de cocaína, dispuestos en cuatro paquetes que tenía adosados a su cuerpo.

Quedó imputada por tentativa de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes.

En la audiencia del juicio abreviado, Palazzani analizó los antecedentes del caso y retiró la acusación contra la mujer. El agente argumentó que es una persona que pertenece a un sector socialmente desfavorecido, que es el principal sostén económico y emocional de su familia y que se encontraba en una situación desesperante y de extrema necesidad ante la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía de alto riesgo que necesitaba su hijo.

“En este tipo de casos la mujer también es objeto de discriminación de parte del hombre, sobre todo cuando trabaja por su cuenta. La mujer no va a ocupar lugares gerenciales ni intermedios, sino que su participación va a estar limitada a papeles secundarios: trabajar como transportista de pequeñas cantidades de drogas, en muchas ocasiones dentro de su propio cuerpo, lo que comúnmente se conoce como trabajo de ‘mulas', a cambio de una insignificante cantidad de dinero”.

(Del planteo del fiscal Miguel Palazzani)

Así, razonó que en ese contexto terceras personas la utilizaron para transportar material estupefaciente.

El fiscal planteó que de acuerdo a las constancias de los movimientos migratorios de la encartada, 20 días antes del hecho por el cual terminó procesada cruzó la frontera desde la localidad salteña de Salvador Maza hacia la ciudad boliviana de Yacuiba, donde se presume que se habría abastecido de la droga. Además, indicó que del análisis de los teléfonos secuestrados surgen comunicaciones que evidenciarían que transportaba la cocaína “cumpliendo con una obligación impuesta por un tercero que, casi con seguridad, sería de nacionalidad boliviana o al menos usaría un teléfono correspondiente al vecino país”.

Solución

Palazzani estimó que en el caso una decisión judicial sin perspectiva de género sería inadmisible a la luz de las obligaciones asumidas por el Estado nacional con relación a la protección de las mujeres.

Bajo esa premisa, subrayó que aquellos compromisos implicaban que la solución del caso no reproduzca “mediante la criminalización de una mujer en graves condiciones de vulnerabilidad, la opresión a la que ya viene sometida previamente”.

“En este tipo de casos la mujer también es objeto de discriminación de parte del hombre, sobre todo cuando trabaja por su cuenta. La mujer no va a ocupar lugares gerenciales ni intermedios, sino que su participación va a estar limitada a papeles secundarios: trabajar como transportista de pequeñas cantidades de drogas, en muchas ocasiones dentro de su propio cuerpo, lo que comúnmente se conoce como trabajo de ‘mulas', a cambio de una insignificante cantidad de dinero”, alegó.

Además, entendió que “el hombre está involucrado pero permanece frecuentemente impune, beneficiándose del trabajo ilegal de la mujer”. Concluyó que la imputada cumplió el rol de “mula” en una cadena de tráfico en la fue “el eslabón más débil”, apremiada por circunstancias de extrema necesidad, y que ello debía tener correlato en una “solución respetuosa de los derechos humanos involucrados”.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) indicó que el Código Penal “el estado de necesidad justificante procede cuando la conducta típica se realiza para evitar un mal mayor e inminente” y postuló la absolución de la mujer.

A su turno, el juez Orlando Coscia hizo lugar al pedido del agente y señaló que su planteo superó “el estándar mínimo de fundamentación puesto a cargo del ministerio que representa” y que, por lo tanto, no le quedaba otra alternativa que “acatar y respetar su postura como titular de la acción penal pública”. [/privado]