ESCUCHARUn juez peruano evaluará este miércoles 14 de diciembre si libera al expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, o si da lugar a un pedido de la Fiscalía de mantenerlo en prisión preventiva por 18 meses, en medio de protestas por su destitución que han dejado seis muertos.
El juez César San Martín decidió anoche «declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado», que pedía su libertad antes de que se cumplan los siete días de su detención preliminar, ocurrida el miércoles pasado.
El magistrado señaló en el fallo que existía riesgo de fuga, pues Castillo, de 53 años, intentó llegar a la embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso.
El exmandatario de izquierda permanecerá detenido en el cuartel policial de la División Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles, cuando se celebrará otra audiencia, a las 9:30 (las 11:30 en la Argentina), para decidir su suerte.
La Fiscalía General abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses.
En su audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración pública desde su destitución hace una semana: «Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá».
«Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la Policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia«, dijo Castillo.
«Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión«, acotó dirigiéndose al juez San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Castillo fue detenido por la Policía el miércoles pasado, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso, que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
Sin embargo, la destitución provocó una ola de protestas de seguidores de Castillo, especialmente activas en el sur del país, que exigen elecciones anticipadas y la liberación del expresidente.
Anoche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la aplicación del estado de emergencia en las sureñas regiones de Arequipa e Ica, que permite la intervención del Ejército ante manifestaciones, vandalismo y bloqueos de carreteras.
De hecho, las fuerzas armadas ya patrullan junto a la policía las calles de varias ciudades bajo estado de emergencia.
En Lima, por la noche, decenas de manifestantes que querían llegar al Congreso se enfrentaron con piedras a la Policía, que respondió con gases lacrimógenos.
También hay numerosas carreteras bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país, señaló la policía.
Las regiones más agitadas se hallan al sur, donde está la turística Cusco, Arequipa, segunda ciudad del país, Puno, y Apurímac, cuna de Boluarte.
Varios gremios agrarios e indígenas iniciaron el martes un «paro indefinido» por elecciones generales, lo que provocó la suspensión del servicio de trenes entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo peruano.
Boluarte busca negociar con el Congreso adelantar las elecciones generales de abril de 2026 a abril de 2024, aunque los seguidores de Castillo las piden inmediatamente.
Gobiernos de izquierda o progresistas de Latinoamérica defienden a Castillo.
«Sigue siendo Pedro Castillo el Presidente» de Perú, afirmó ayer el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina.
Argentina, Bolivia, Colombia y México respaldaron el lunes a Castillo y pidieron respetar «la voluntad popular expresada con el libre sufragio».
La Cancillería peruana replicó que Castillo fue destituido con respeto a la Constitución porque perpetró un «golpe de Estado», y pidió a los países ayudar a Perú a «resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho».
La Fiscalía investigaba a Castillo desde antes de su dstitución por presuntamente liderar una «organización criminal» que beneficiaba a allegados y familiares.
La fiscal general de la nación, Patricia Benavides, presentó al Congreso en octubre una denuncia constitucional contra Castillo por supuesta corrupción.
Fue una denuncia inédita contra un presidente en funciones, en un país que tiene el récord de cinco exmandatarios procesados por corrupción desde el 2001.
Esta denuncia llevó a Castillo a pedir la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), invocando la Carta Democrática Interamericana.
Según Castillo, la Fiscalía y la oposición de derecha, que controla el Congreso, le atribuían delitos que no cometió y buscaban dar un golpe de Estado en su contra.
