ADN obligatorio: La Ley «busca detener los efectos del terrorismo de Estado»

Ya ingresada para su tratamiento en el Senado de la Nación, con media sanción de Diputados, la denominada “Ley de ADN compulsivo” tiene opiniones en favor y en contra, como suele ocurrir habitualmente; cada uno con su librito. El abogado penalista Claudio Orosz sostuvo ante Comercio y Justicia que no hay reparos para este proyecto de ley, “pues sigue la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia, es constitucional y respeta lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”.

– ¿Por qué la necesidad de sancionar esta ley?
– No puede haber dudas de estamos ante el problema principal que nos ha dejado la existencia, ya probada por sentencias judiciales, de que hubo un plan criminal, sistematizado y generalizado de eliminación del opositor político, a través de la metodología del secuestro, de la conducción del secuestrado a un campo de concentración, de someterlo a torturas salvajes, y concomitantemente, la existencia de un plan de apropiación de los hijos de los desaparecidos. Es decir, se constituyeron verdaderas maternidades, como ocurrió en Campo de Mayo. En ese marco, de ese plan sistemático, que casi llevó a la condena internacional a la Argentina, siempre se consideró que estos delitos, en los que estaban implicados estos niños apropiados, no quedaban contemplados ni dentro de las leyes de impunidad. Y como eran delitos permanentes, no prescribían.

– Entonces, ¿este proyecto viene a cubrir un bache legal que permita ineludiblemente reconocer a los niños apropiados?
– La secuela de los delitos, que Argentina se comprometió internacionalmente a suscribir mediante una solución amistosa tras la denuncia que hizo la Madre de Plaza de Mayo (línea fundadora), Aguiar de Lapacó, inexorablemente lleva a poner todos los medios que el Estado dispone para hacer cesar los efectos delictivos. En el caso de los desaparecidos, para saber su destino; en el caso de los niños apropiados, para saber quiénes eran, dónde estaban y permitir la recuperación de ellos. Ese es el marco en el cual se está discutiendo este proyecto de ley. Pero por otro lado, al proyecto de ley, creo que en alguna medida y en forma bastarda, se lo pretende hacer aparecer como una pelea entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín, porque hace diez años -que es mucho más tiempo del que lleva el matrimonio Kirchner en el poder- la señora Ernestina Noble viene negándose sistemáticamente, con diversas argucias judiciales, a que se determine la identidad de sus hijos adoptados, lo cual, llamativamente, demuestra, por lo menos, un principio de mala fe o de mala fe procesal. Lo que hace el proyecto de ley, sustentado por Abuelas, que tiene más años que el que llevan los Kirchner en el poder, es recoger ciertas directrices que la Corte vino dictando en diversos casos, donde se puso en cuestionamiento la posibilidad de obtener compulsivamente muestras de sangre.

– ¿Cómo se rebate el cuestionamiento a ese método?
– Lo que está en cuestionamiento es la compulsividad de la obtención de la muestra de sangre. El derecho a la identidad, que reclaman las Abuelas, también está contemplado en la Convención Americana, al igual que el derecho a la intimidad. Y si uno lee con atención la convención, que Argentina suscribió en 1984, prácticamente el único derecho absoluto que existe es el derecho a la vida. Incluso se establece una cláusula en la que si un Estado derogara la pena de muerte, nunca más la podrá volver a poner. Lo cual demuestra que el único derecho absoluto es el derecho a la vida. Pero el derecho a la identidad y el derecho a la

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