ESCUCHARSe confirmaron modificaciones al proyecto original. Las más importantes, la inclusión de Francia como jurisdicción alternativa de pago y la conformación de una comisión bicameral para auditar la deuda pública.
El Senado debatía anoche el proyecto de Pago Soberano y el oficialismo preveía aprobarlo pasada la madrugada de hoy y girarlo a la Cámara de Diputados, mientras que la oposición en pleno rechazaba la iniciativa.
El bloque oficialista introdujo varios cambios al proyecto, entre los cuales se destacó la ampliación de la jurisdicción de pago a Francia y la creación de una comisión bicameral para investigar el origen y evolución de la deuda externa, pero ni siquiera así consiguió la adhesión del arco opositor.
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo declara “de interés público” la reestructuración de la deuda realizada en 2005 y 2010 y señala la “pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon” como agente de cobro para los bonistas que entraron al canje.
Autoriza al Ministerio de Economía a “remover al Bank of New York Mellon como Agente Fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos SA” o a otro agente de cobro que sea solicitado por los bonistas.
El proyecto establece que si los tenedores piden un cambio de legislación y jurisdicción, la cartera económica podrá “instrumentar un canje por nuevos Títulos Públicos, regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal”.
Cambios al proyecto
Tras una reunión que el último martes mantuvo el bloque oficialista con el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, se agregó un inciso que ofrece la opción de instrumentar “un canje por nuevos Títulos Públicos regidos por legislación y jurisdicción de la República Francesa”.
También se agregó un artículo que propicia la creación de la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Deuda Exterior de la Nación, conformada por ocho diputados y ocho senadores.
Allí se consigna que esta comisión “tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha”.
El senador Aníbal Fernández defendió la iniciativa al señalar que al Banco de Nueva York “no está cumpliendo con las condiciones mínimas exigidas por el Banco Central”, y subrayó que “cuando el agente fiduciario está incapacitado para actuar, la Argentina podrá removerlo, sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario”.
Sostuvo que los fondos buitres “están esperando un gobierno que le diga sí a la usura”, y cuestionó el proyecto alternativo del Frente Renovador al afirmar que “el daño que se le produciría a la Argentina sería monumental” porque “fija garantías para los buitres”, lo que dispararía la cláusula RUFO.
La radical Laura Montero evaluó que la iniciativa del Gobierno “no soluciona absolutamente nada” en lo que respecta al conflicto con los fondos buitres sino que “a lo sumo pretende buscar tiempo, dilatar la situación”.
A su turno, Fernando “Pino” Solanas (Faunen) calificó como “innecesario y tardío” el proyecto del oficialismo y sostuvo que “el default en la práctica ya existe porque la Argentina no tiene los recursos para enfrentar los vencimientos del año que viene”.
Sin descanso
Maratón para aprobar ley de abastecimientoEl Senado se preparaba para comenzar a debatir de madrugada el paquete de proyectos sobre regulación de las relaciones entre consumidores y empresas, incluyendo la resistida reforma a la Ley de Abastecimiento.
El arco opositor ya adelantó que sólo votará a favor (y en general) de la iniciativa que crea un nuevo fuero judicial, pero rechazará los otros dos proyectos, incluso el que modifica la Ley de Abastecimiento, pese a mostrarse de acuerdo con los cambios que el oficialismo le hizo en comisión.
La iniciativa más polémica autoriza al Estado a “establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia” y “niveles máximos y mínimos de precios”, además de establecer “niveles mínimos” de producción, comercialización o distribución.
También el Estado podrá exigir documentación y “todo tipo de libros” a las empresas, que se realizará “en caso de configurarse algunos de los supuestos previstos”, como elevar “injustificadamente los precios”, acaparar materias primas o productos y destruir mercaderías, entre otras conductas.
