ESCUCHARDe visita en Córdoba, el procurador Francisco Mugnolo aseguró que “Córdoba no quiere que se sepa qué pasa en sus cárceles”. En la Legislatura, la Provincia le achacó la deuda por los presos federales.
La llegada del procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo, desató ayer un nuevo enfrentamiento entre la Nación y la Provincia, las que se acusaron por la situación de las cárceles de Córdoba.
El cruce comenzó por la mañana en el marco de una “Jornada sobre Prevención de la Tortura”, de la que participó el funcionario nacional y en la que se refirió con duros términos al Gobierno provincial respecto de la situación de las cárceles de la provincia.
Sin titubear, Mugnolo dijo que “Córdoba no quiere que se sepa qué pasa en sus cárceles” y acusó a la Provincia de “poner trabas a la tarea de la Procuración que por ley tiene el rol de proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el ámbito federal y controlar al Servicio Penitenciario Federal”.
En declaraciones a la prensa, Mugnolo recordó que “hace unos años, con el anterior ministro de Justicia de Córdoba, para evitar el trastorno de pedir que nos dejaran ingresar, hicimos un convenio de colaboración, pero ahora ese acuerdo se está interpretando de manera restrictiva. Hasta hace un tiempo no había dificultades, por lo contrario, había colaboración”.
La ofensiva de Mugnolo recibió una rápida respuesta del Gobierno provincial, que utilizó el ámbito de la Legislatura para expresar su repudio.
Así, con un proyecto de declaración el bloque de Unión por Córdoba se encargó de recordarle a la Nación sobre la deuda que ésta mantiene con Córdoba en concepto de manutención de los presos federales que están alojados en las cárceles de la provincia.
Vieja data
Las rispideces entre la Provincia y la Nación por la situación de las cárceles de Córdoba no son nuevas. El primer enfrentamiento público se conoció en mayo del año pasado, cuando el procurador de Violencia Institucional, Abel Córdoba, inspeccionó la penitenciaría de barrio San Martín y encontró 17 esposas con cadenas que habrían sido utilizados para amarrar presos a camastros. El fiscal opinó que esta práctica constituia una tortura contra ellos.
Ante esa situación, la Provincia -por medio de la ministra de Justicia, Graciela Chayep- contratacó denunciando a Abel Córdoba ante la Justicia y recordándole la deuda de la Nación con el Servicio Penitenciario de Córdoba, que por aquel momento rondaba 90 millones de pesos.
